REDACCIÓN - PONTEVEDRA
El gobierno local ha organizado una “red clientelista” en torno al Concello, según afirma el grupo municipal del Partido Popular. El concejal Jacobo Moreira aseguró que el bipartito beneficia a través de contrataciones a aquellos que le han beneficiado de algún modo, y en esta red de favores incluye a determinadas empresas que reciben adjudicaciones del ayuntamiento y a los cargos de confianza de los diferentes gabinetes del Concello: directores xerais, jefe de la Policía Local y siete personas contratadas para los gabinetes de Prensa y Alcaldía.
En esta acusación los conservadores incluyen los casos de los concejales no electos del gobierno municipal, Luis Bará y Carme da Silva. El conservador Jacobo Moreira indicó en este sentido que el gobierno favorece a personas “del partido” cuyo único mérito es su militancia, sin ninguna cualificación profesional o técnica para el cargo que ocupan. Se refirió también a las personas contratadas para los gabinetes de Prensa y Alcaldía, “elegidos por afinidad política y no por su cualificación profesional”. Moreira aseguró que en un probable mandato de Telmo Martín “esto nunca ocurrirá”.
Contratos
En cuanto a la contratación de obras y servicios para el Concello, el Partido Popular ha demandado una relación de las adjudicaciones superiores a 500.000 euros entre julio de 1999 y octubre de 2009.
También pide el listado de las subvenciones concedidas por el Concello en los años 2007, 2008 y 2009, y las facturas individuales de los teléfonos portátiles del Concello y sus usuarios en los mismos años.
El PP quiere que el gobierno local identifique además a los proveedores y el gasto en los dos últimos años de material de oficina, servicios de informática, publicaciones, gastos de imprenta y diseño, iluminación pública, señalización y semáforos.
También reclama los gastos del alcalde abonados con cargo a su tarjeta Visa o similar entre los años 2007 y 2009.
Jacobo Moreira confió en que “no encontremos irregularidades”, pero en caso contrario “actuaremos en consecuencia”, advirtió. La oposición da un plazo de un mes al gobierno local para que le facilite esta documentación.
