Varios de los empresarios que desde ayer se sientan en el banquillo acusados de integrar una red que supuestamente se dedicaba a explotar a inmigrantes ilegales en la carga y descarga de pollos en granjas avícolas de la provincia de Pontevedra reconocieron que empleaban a inmigrantes que se encontraban en situación irregular en España. Uno de ellos aseguró que lo hacían cuando la carga de trabajo era superior a la que podían asumir los trabajadores en situación legal.

Tres de los cinco acusados reconocieron que entre sus equipos de trabajo había "a veces" inmigrantes "sin papeles", aunque insistieron en que las condiciones de trabajo de estas personas eran "exactamente las mismas" que las de los empleados en situación legal, incluidos ellos mismos, quienes se presentaron "como unos empleados más" que actuaban bajo las directrices del supuesto cabecilla de la trama.

En total son cinco los imputados, entre ellos el presunto líder del entramado, Jorge Ignacio L. M., quien, según el fiscal, "ejercía la jefatura" del resto de los implicados, "recibiendo los encargos de los diferentes mataderos y granjas, distribuyendo el trabajo de carga y descarga entre los distintos equipos", los cuales, tenían sus respectivos jefes intermedios (en este caso, los otros cuatro acusados). Uno de estos mandos intermedios, Mercedes P. M., declaró que llevaba muchos años trabajando en la carga y descarga de pollos para el principal acusado, Jorge Ignacio L. M., pero que llegó un momento en el que "él no quería contratarnos si no era por medio empresas o que nos pusiéramos nosotros como autónomos." Asegura que fue así como varios trabajadores convencieron a uno de los acusados, Mohamed M., para que constituyera una empresa a través de la cual pudiera contratar Jorge Ignacio L. M. sus servicios. El 31 de mayo de 2006 se produjo una redada en tres granjas de la provincia, detectando la Policía Nacional a tres inmigrantes ilegales en el equipo de Mercedes P. M. Ella reconoció que los conocía, que era "gente que estaba apurada" y que los llamó "varias veces", cuando el volumen de pollos a descargar era demasiado grande para que lo pudiera asumir el equipo de trabajadores "legales". Asegura que Jorge Ignacio L. M. no le pidió que contratase trabajadores irregulares para sacar más beneficio, pero que sí sabía que había "ilegales" en los equipos de trabajo. De hecho, les dijo "cuidado que no os cojan". Además, declaró que, cuando le decían al principal acusado que no eran personal suficiente para asumir tal volumen de trabajo él les contestaba que "nos arregláramos como pudiéramos pero que lo hiciéramos". Algo similar contaron al juez Mohamed I. y María Nieves T. C. quienes llegaron a indicar que los inmigrantes ilegales llegaron a sus equipos de trabajo a través de Jorge Ignacio L. M.

Este, por su parte, negó tales acusaciones y dijo que se limitaba a contratar con diferentes empresas o autónomos las descargas de pollos a los diferentes mataderos sin tener constancia de que hubieran empleado a inmigrantes ilegales ni que hubiera instado al resto de los acusados a utilizarlos como mano de obra. El fiscal solicita 4 años de cárcel para él y 3 años para el resto de los implicados.