B. MÁRQUEZ - PONTEVEDRA
Catorce reuniones en los últimos once meses sin avances. Con este nulo resultado a cuestas, los trabajadores del sector de la alimentación de la provincia pondrán en marcha, a partir del próximo 23 de noviembre, un calendario de protestas que culminará en una huelga indefinida para reclamar en la calle lo que no consiguen en los despachos: la firma de su convenio colectivo. Las movilizaciones están convocadas de manera unitaria por cuatro sindicatos: CC OO, UGT, CIG y Fetico.
“Desde la primera reunión la patronal no ha movido ficha, se escuda en la crisis” explicaba ayer el portavoz de CC OO, Carlos Búa. Una crisis que, sin embargo, añadía el portavoz de UGT, Carlos Esperón, se ha traducido “en una caída del consumo y por tanto de ventas, pero con la cual las empresas, hasta el momento, sí han dejado de ganar pero no tienen pérdidas”.
La bonanza del sector quedaría también en evidencia, señalan fuentes sindicales, por el hecho de que en este ámbito no se ha presentado ningún expediente de regulación de empleo.
Protestas “in crescendo”
Los trabajadores de alimentación de Pontevedra y A Coruña realizarán movilizaciones coincidentes en el tiempo, ya que en ambos territorios está estancada la negociación para la firma del convenio. El día 27 de noviembre protagonizarán una jornada de paro y a partir del 9 de diciembre, si no se reconduce el diálogo, comenzará una huelga indefinida.
Antes de la huelga los 12.000 trabajadores pontevedreses, adscritos a un millar de empresas, iniciarán protestas de baja intensidad, con concentraciones ante distintos centros: en la capital se visualizará el descontento del sector el día 23 de noviembre ante la central distribuidora que tiene Froiz en Lourido y veinticuatro horas después habrá una concentración ante el hipermercado que tiene la misma compañía en la calle Cobián Roffignac.
Por su parte Marcos Cadorniga, representante de CIG, recalcaba ayer el “inmovilismo” demostrado por la patronal del sector, que no sólo se negaría a discutir las demandas de los trabajadores, sino que pretende restar derechos adquiridos.
Sobre la mesa los empresarios ponen un convenio de tres años de vigencias (2009-2011) que contemple una subida salarial anual de un 1% y plantean suprimir, por ejemplo, la cobertura del 100% de la incapacidad laboral temporal (ILT), es decir, dejar de abonar el salario de los tres primeros días de la baja.
Los sindicatos plantearon ya en su día una plataforma reivindicativa unitaria que contemple un convenio provincial que regule las relaciones laborales en el sector durante un período de dos años (2009-2010), que incluya una subida salarial lineal de 90 euros mensuales, a realizar en dos fases según el criterio de la patronal y la adopción de alguna fórmula para que los dependientes, entre el 60 y 70% del total de los trabajadores del sector, puedan promocionarse profesionalmente.
“Los dependientes tienen un salario de 860 euros mensuales, sólo quieren ser mileuristas” resumía Carlos Esperón.
