B. MÁRQUEZ - PONTEVEDRA
Miguel Fernández Lores promueve un frente institucional para construir un puerto seco, en el que pretende implicar a las consellerías de Medio Ambiente e Infraestructuras y Mar; a la Autoridad Portuaria, al Concello de Marín, a la Diputación provincial y al propio presidente de la Xunta.
En esta línea el alcalde se ha dirigido por escrito a Alberto Núñez Feijóo y a los titulares de las demás instituciones para proponer que "de maneira inmediata se proceda á elaboración e aprobación dun instrumento de Ordeación do Territorio (plan sectorial o proxecto sectorial para dotar o Porto duns terreos asociados o que se cen denominando porto seco".
Con este instrumento en la mano se podrán acelerar la tramitación y construcción de la infraestructura industrial de tal forma que, según los cálculos que hace Fernández Lores, en un plazo de un año podría haber terrenos disponibles para instalar empresas: bien las que se tendrán que trasladar si se ejecuta la sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal un relleno de 350.000 metros cuadrados en el recinto portuario o bien firmas de nueva creación.
La apuesta por el puerto seco que promueve el alcalde de la capital deja en manos de la Autoridad Portuaria la localización del llamado puerto seco. Será esta institución la que deberá valorar "a ubicación, extensión, conexións e demáis aspectos do polígono". Le insta, eso sí, a consultar con la Consellería do Mar y los concellos afectados.
Esta libertad de elección fue puesta ayer en entredicho por el presidente de la Autoridad Portuaria, José Benito Suárez, quien apelaba a la experiencia del alcalde ("yo llevo cuatro meses al frente del Puerto y él 11 años en el Concello, por lo que conoce el municipio al dedillo") para instarle a que proponga una localización para el puerto seco. "Con una propuesta clara, los técnicos podrán estudiar su viabilidad", señalaba Suárez Costa.
El presidente de la Autoridad Portuaria valora "la preocupación" de los alcaldes de Marín y Pontevedra por las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo que anula el plan especial del puerto, declara ilegal un relleno de 350.000 metros cuadrados y cuestiona los rellenos posteriores, así como "su buena disposición" para buscar y consensuar una salida lo menos lesiva posible para los intereses económicos, empresariales y laborales de la comarca. Sin embargo, en aras a sus buenas relaciones, les anima a que hagan sus planteamientos de una manera más directa.
