El Puerto prescindió del abogado del Estado para la defensa de sus rellenos en el Supremo

El Gobierno afirma que la Autoridad Portuaria contrató a un despacho coruñés de letrados

 
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Algunos de los rellenos realizados en el Puerto.  // JS
Algunos de los rellenos realizados en el Puerto. // JS 

REDACCIÓN - PONTEVEDRA La Autoridad Portuaria de Marín prescindió en 2005 de la Abogacía del Estado para defender sus argumentos en el recurso formulado ante el Tribunal Supremo por la Plataforma dos Praceres contra los rellenos del Puerto, un recurso que finalmente fue aceptado por el alto tribunal y deja en situación de ilegalidad la ampliación de más de 300.000 metros cuadrados realizada en el recinto.
Así lo aseguraron ayer fuentes oficiales de la Subdelegación del Gobierno, tras las declaraciones del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en las que puso en cuestión el papel de la Abogacía del Estado en este caso. Según la Subdelegación, la Autoridad Portuaria optó por contratar a un despacho de abogados de A Coruña, con lo que el Estado defiende así a su cuerpo de abogados, al entender que no tuvieron intervención en esta sentencia en contra del Puerto. Eso sí, la Abogacía del Estado trabaja ahora en analizar las consecuencias del fallo.
Núñez Feijóo, había dicho por la mañana que "el puerto de Marín es un puerto de interés general del Estado, la defensa le corresponde a la Abogacía del Estado", explicó, y afirmó queda la sensación de que "probablemente no se estuvo a la altura de las circunstancias en la defensa judicial de ese asunto".
"La sentencia lo que dice es que no se acreditan informes medioambientales, que sí están en ese expediente" en estos momentos, explicó el titular del Ejecutivo gallego, quien agregó que se está a la espera de que la Abogacía del Estado interprete esa sentencia para "adoptar la decisión más correcta".
"Hay que analizar la sentencia desde los intereses medioambientales, del ecosistema de la ría y perspectiva de los planteamientos del puerto", añadió el presidente gallego.
En este sentido, el presidente, Alberto Núñez Feijóo coincidió en que la Autoridad Portuaria (que considera que demoler el relleno causaría aún más daño al medio ambiente) y advirtió de que las resoluciones judiciales no pueden causar "más daño que beneficio". "Ninguna sentencia puede producir más daño por su ejecución que por su inejecución", concluyó Núñez Feijóo.

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