B. MÁRQUEZ - PONTEVEDRA
La sentencia es de aplicación complicada, pero no imposible, "Si existe el empeño de que se cumpla, se cumplirá. Más o menos tarde pero se acabará cumpliendo, por eso es necesario aplicar la cordura y buscar una solución". Son palabras del secretario comarcal de Comisiones Obreras (CC OO), José Luis García Pedrosa, que ayer recalcaba que con el fallo del Tribunal Supremo, que anula el plan especial del puerto de Marín y en consecuencia declara ilegal un relleno de más de 300.000 metros cuadrados en la ría, en la mano "está en peligro la existencia del polígono industrial más importante de la comarca".
En el relleno declarado ilegal por el Supremo están instaladas cuatro empresas y un muelle de contenedores que da empleo directo a más de 300 trabajadores, recordaba ayer García Pedrosa, quien pedía "abordar la situación creada con sentido de Estado" para encontrar una solución. Apelaba a la "responsabilidad" de todas las partes implicadas en el contencioso.
En esta línea Comisiones Obreras solicitará una entrevista con el presidente de la Autoridad Portuaria, José Benito Suárez, para plantearle que "ponga en marcha una comisión con el fin de buscar una solución política" . En opinión de García Pedrosa en esta comisión deberían estar representadas las tres administraciones aludidas en la resolución judicial (Puerto, Xunta y Diputación), los concellos de Pontevedra y Marín, las organizaciones empresariales y los sindicatos y la Plataforma en defensa da Praza dos Praceres.
García Pedrosa sostiene que para evitar la ejecución total o parcial de la sentencia "habrá que invertir dinero y mucho dinero".
De acuerdo con el análisis que hace el secretario comarcal de CC OO, sobre la mesa tiene que ponerse los intereses de los vecinos demandantes y por ello habrá que plantear, por ejemplo, el soterramiento de las vías del tren que comunica Pontevedra con el puerto de Marín y que atraviesan la plaza de Praceres. Quizás sea momento de plantear de nuevo la construcción de un puerto seco, Pero en cualquier caso, concluye García Pedrosa, no se puede prescindir del empleo y la actividad empresarial asentada en el puerto.
