El Puerto cree que cumplir la sentencia del relleno será más lesivo que dejar todo igual

B. MÁRQUEZ - PONTEVEDRA Ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Plan Especial del Puerto de Marín y, en consecuencia, declara ilegal más de 300.000 metros cuadrados de relleno de la ría, tendría unos costes ambientales mucho más elevados que el mantenimiento de la situación actual y conllevaría un volumen de perjuicios económicos, empresariales y laborales muy difíciles de asumir. Es la tesis que mantiene la Autoridad Portuaria, que ayer celebró una reunión extraordinaria para analizar la resolución judicial, con el fin de decidir qué hacer a partir de este momento.
El presidente del Puerto, José Benito Suárez, pedía ayer “prudencia” a la hora de valorar el alcance de la sentencia, proponer salidas a la situación creada o reclamar el cumplimiento de una resolución que es de carácter firme.
José Benito Suárez declinó ayer hacer una primera valoración del fallo del Tribunal Supremo, lo que deja para más adelante hasta conocer el informe de los servicios jurídicos, pero sí recordaba que “el puerto es la primera empresa de la comarca”, por lo que pedía “responsabilidad” a todos (vecinos, administraciones, políticos, colectivos sociales, organizaciones empresariales y sindicatos) a la hora de hablar, ya que “el futuro del puerto afecta directamente a muchas empresas y trabajadores”.
Colectivos ecologistas y cofradías cuestionan la parcialidad de este argumento economicista al recalcar que los rellenos atentan directamente contra los recursos naturales de la ría, mermándolos, y que los que viven de estos recursos también son trabajadores de la comarca. Al margen de que un medio ambiente cuidado redunda en beneficio de toda la población.

Estrategia dilatoria

A la reunión de la junta directiva de la Autoridad Portuaria asistió el responsable de la Abogacía del Estado, institución que, junto con los servicios jurídicos del propio puerto, buscará estrategias legales para dilatar el cumplimiento de la sentencia y ganar tiempo para posibilitar una salida negociada.
No hay que olvidar que la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, tendrá que ser solicitada de parte y frente a esta petición sí cabe recurso. La Plataforma en defensa da praza dos Praceres pretende con su demanda que se levante la estructura ferroviaria que atraviesa el barrio y que da servicio al puerto de Marín. Una obra que se amparó en el plan especial ahora anulado.
Antes del inicio de la reunión de la junta del puerto, José Benito Suárez lanzaba un mensaje de tranquilidad a los trabajadores y a las empresas, que también era un recordatorio a las administraciones locales, al asegurar que “todas las obras que se hacen, se han hecho y se harán en el recinto portuario cumplen escrupulosamente con la legislación medioambiental, todas ellas cuentan con la preceptiva declaración de impacto ambiental del ministerio de Medio Ambiente.