REDACCIÓN - PONTEVEDRA
Estuvieron toda la mañana en el edificio judicial de A Parda para nada. Esperaron en vano que el magistrado que dictó la sentencia de separación de sus padres y ordenó el desalojo de toda la vivienda de Lérez para que el progenitor disfrute de seis meses de usufructo, los recibiese. Hoy volverán a intentarlo y no cejarán en el empeño hasta conseguir su objetivo: hablar con el magistrado. Quieren explicarle que ellos: el hijo, la nuera y los nietos del matrimonio separado viven en “su casa”, en la planta superior del edificio desalojado y que nada tienen que ver con la resolución del litigio matrimonial.
Juan Carlos Carabelos Casalderrey y su familia, a la que hay que sumar a sus suegros, viven de prestado desde el pasado viernes, cuando fueron obligados a dejar su casa (la planta primera de la vivienda de Castelo-Lérez en cuya planta baja vive su madre) para que su padre pueda disfrutarla durante los próximos seis meses.
No entienden por qué tienen que abandonar su casa. Como tampoco lo entiende su madre, Carmen Casalderrey, ni los vecinos de Lérez que el pasado domingo salieron a la calle para reclamar que puedan regresar. La propia Carmen pedía, entre lágrimas, que dejasen a su hijo, a su nuera y a los nietos en paz.
El pasado año, recordaba Carmen y sus hijos Juan Carlos y Montserrat, la llegada a la vivienda de Lérez de Manuel Carabelos había implicado sólo la salida de la casa de la mujer y su hijo con su familia siguió en su domicilio sin mayores problemas.
Ellos insistirán ante la Justicia para que se ponga fin a una situación, calificada por Carmen Casalderrey, como “maltrato” y que está destrozando los nervios de toda una familia. Tratarán de hablar con el juez que los ha llevado a esta situación para que recapacite y corrija su orden de desalojo, pero también apelarán ante el fiscal de Menores para pedir su amparo, ya que la orden de desalojo ha dejado en la calle a dos niños de corta edad, uno de ellos un bebé.
Mediación
Por otra parte, Carmen y su hijo Juan Carlos pretenden también reunirse con la fiscal de Violencia de Género para que conozca de primera mano la situación en la que se encuentran y pedirle que actúe como mediadora.
El actual y temporal usufructuario de la vivienda de Lérez, Manuel Carabelos Farto, tiene, según sus hijos, una condena por maltrato de dos años de prisión y tres años de alejamiento que está recurrida y una segunda de seis meses por quebrantamiento de la orden de alejamiento.
Juan Carlos y su familia no descarta tampoco recurrir al Concello para que desde Benestar Social les ayuden a afrontar un posible traslado de vivienda durante seis meses.
