Los empresarios pontevedreses plantean la apertura de una negociación entre la Plataforma en defensa da praza dos Praceres y las administraciones que evite la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que declara ilegal el relleno de Praceres y anula el Plan Especial de Ordenación del Puerto de Marín que lo amparaba.
La Plataforma vecinal había cuestionado ante la Justicia, hace más de cinco años, la legalidad del Plan Especial. Un ordenamiento que incluía una infraestructura ferroviaria para dar servicio al puerto. Ellos se oponían entonces, y se oponen ahora, a que el tren en su recorrido atraviese por la plaza de la Iglesia.
“No estamos sobrados ni de firmas ni de puestos de trabajo y en este caso las empresas somos daños colaterales, somos víctimas”, exponía ayer el presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Ricardo Mirón, quien no dudaba en afirmar que “no entiendo esta sentencia, no puedo entender que se ordene secar un relleno, sin valorar su viabilidad o sus consecuencias”.
También José María Rodríguez, vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), manifestaba ayer su estupor ante una resolución judicial que “obliga a enterrar empresas, en un momento de crisis económica como la que atravesamos”.
Posibles planteamientos
El presidente cameral apunta, para salir de la situación creada por el fallo del Tribunal Supremo, la posibilidad de que las administraciones indemnicen a los vecinos de Praceres por los perjuicios derivados de la construcción del relleno, cuyo levantamiento considera “costosísimo y dudosamente viable”.
Por su parte el portavoz local de la CEP plantea que se estudie si es factible o no otorgar concesiones a las compañías radicadas en el relleno objeto del contencioso con el fin de que no se tengan que ir de inmediato y puedan disponer de un tiempo de actividad suficiente que les permita amortizar sus inversiones y diseñar un plan de futuro que incluya la reubicación.
A la hora de valorar la situación creada por la sentencia del Tribunal Supremo, frente a la que no cabe recurso, los dirigentes de ambas organizaciones empresariales hacen hincapié en la grave crisis económica y laboral que existe, lo que convertiría en “totalmente contraproducente” ejecutar la sentencia,. “A día de hoy destruir empresas y empleo porque hace años se hizo algo mal es una irresponsabilidad, pues se causarán más daños de los que se quieren corregir”.
Aplauso ecologista
Si el empresariado local aboga por buscar una fórmula que evite la ejecución de la sentencia del Supremo, en el polo opuesto se sitúa la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) de Pontevedra, que batalla con mayor o menor fortuna contra las agresiones ambientales a la ría. Los rellenos del puerto de Marín están en su punto de mira desde el año 1994,
Defensa da Ría felicitaba ayer a la Plataforma en defensa da praza dos Praceres por su” éxito” y aplaudía la resolución dictada por el Tribunal Supremo. Pero a continuación, el presidente de la asociación ecologista, Antón Masa, hacia un llamamiento a “seguir loitando para que este fallo, que supón o recoñocemento de que tiñamos razón todos os que vimos rexeitando a realización de recheos no porto, teña consecuencias”. Por este motivo la APDR exige el “cumprimento inmediato” de la sentencia.
