C. GARCÍA - PONTEVEDRA
El pasado 26 de mayo los 15 inquilinos que residen en el número 17 de la calle Benito Corbal debían abandonar apresuradamente el inmueble tras producirse un asentamiento en la cimentación que provocó la aparición súbita de grandes grietas en las paredes del edificio. Aquel día, con el susto todavía en el cuerpo, los vecinos dejaban sus casas y se buscaban alojamientos alternativos. Entonces se hablaba de una situación temporal que podía prolongarse unos 5 días.
Pronto se vio que el problema era más grave de lo esperado y los vecinos vieron como, poco a poco, la fecha en la que podrían retornar al edificio se iba aplazando. El pasado jueves, 162 días después, los vecinos recibían por fin el visto bueno del concello que ratificaba la habitabilidad de las viviendas. A partir de las 14.00 horas podían ya regresar a sus casas.
Los primeros en ponerse manos a la obra fueron los dos comercios que durante estos más de cinco meses debieron permanecer con sus puertas cerradas o buscar ubicaciones alternativas para atender al público. Ayer, varios operarios se afanaban por devolver los establecimientos a la normalidad reparando los daños. Muchos de los vecinos optaron, sin embargo, por posponer la mudanza para este fin de semana, cuando aprovecharán para intentar retomar su vida cotidiana en sus casas. Eso sí, antes deberán tomar alguna medida como proteger las grietas con mamparas u otros elementos para que no entren en contacto directo con los inquilinos de la casa.
No obstante, una de las viviendas del edificio deberá permanecer todavía desocupada, ya que los daños son tan elevados que no reúne las condiciones de habitabilidad, según explicó ayer el presidente de la comunidad Javier Domínguez.
No obstante, los quebraderos de cabeza para estos vecinos todavía no se han acabado puesto que ahora les queda por delante resolver otro importante problema: quién se hace cargo de los daños y los perjuicios ocasionados. Y es que las distintas compañías de seguros implicadas no llegan a un acuerdo sobre las responsabilidades derivadas de este suceso, al menos por el momento, ya que están en juego grandes cantidades de dinero. Según explicó Domínguez, los peritos evaluaron en 100.000 euros tan sólo los daños de obra en el edificio siniestrado. Esto sin contar por ejemplo, el gasto de los comercios en alquileres o las indemnizaciones por el cese de actividad, entre otras cuestiones.
