Desalojan a una familia de Lérez para que viva el padre en la casa, condenado por maltrato

Deben dejar la vivienda por seis meses para que la habite el progenitor, en cumplimiento de una orden judicial

 
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La mujer de uno de los hijos de Manuel Carabelos (i) y su madre (d), que también vive en la casa, desesperadas por el deshaucio.
La mujer de uno de los hijos de Manuel Carabelos (i) y su madre (d), que también vive en la casa, desesperadas por el deshaucio.  G. Santos

C. G. - PONTEVEDRA Ocho miembros de una familia de la parroquia pontevedresa de Lérez fueron desalojados ayer de una vivienda de O Castelo en cumplimiento de una orden judicial para permitir que entre a vivir en la misma, durante un periodo de seis meses, Manuel Carabelos Farto, padre y abuelo de varios de los residentes, quien está condenado por maltrato y sobre quien pesa una orden de alejamiento sobre su mujer y uno de sus hijos. Un desalojo que se produjo en medio de escenas de indignación y dolor por parte del resto de los familiares que consideran la decisión del tribunal una "injusticia".
La problemática que desembocó en el tenso y dramático desahucio temporal que se ejecutó ayer arranca cuando este matrimonio de Lérez decidió separarse. Siempre de acuerdo con la versión que ofrecieron los hijos de Manuel Carabelos Farto, su mujer, Carmen Casalderrey, optó por separarse de su marido a consecuencia "de los malos tratos que la infringía", señaló una de las hijas. Pese a todo, entonces no denunciaron esta situación y aseguran que intentaron llevar los trámites únicamente por la vía civil. Entonces, la separación se consumó con una sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 2 en la que se estipulaba que los cónyuges deberían alternar en el disfrute de la vivienda del número 2 de O Castelo. Cada seis meses uno de los miembros del matrimonio pasaría a residir en la misma, saliendo el otro.
La clave de la cuestión es que, según los hijos de este matrimonio, la vivienda en litigio es únicamente el bajo del inmueble del número 2 de O Castelo y no el conjunto del edificio, donde residen estas ocho personas. Afirman que esta parte es propiedad de la mujer de uno de los hijos. Añaden además que se trata de un inmueble que construyeron y amueblaron ellos mismos y que no forma parte de la vivienda que reclama ahora el padre, Manuel Carabelos.
José Manuel Carabelos Casalderrey, uno de los hijos de este matrimonio, afirma que "de feito, o ano pasado xa estivemos nesta mesma situación e meu pai habitou a parte de abaixo, marchou miña nai, como agora; e él entrou a vivir no baixo sen ningún tipo de problema". A José Manuel Carabelos le sorprende que en esta ocasión, sin embargo, "o xuíz que dictou esta mesma sentencia decida agora que meu irmán e toda a familia teña que desaloxar tamén a parte de arriba". "Aínda que hai un único número de inmueble, o de Castelo número 2, son dúas viviendas distintas. É como si desaloxasen un edificio enteiro para que entrase a vivir unha persona nun dos pisos", añadió.
Aseguran que los cinco hijos de este matrimonio están todos a favor de la madre y en contra de su padre al que, pese a que se abrió la vía civil para dilucidar la separación, acabaron por denunciarlo también por la vía penal debido a los continuos conflictos que se sucedían entre ellos. "O que sí é certo e que meu pai é un maltratador e que hai unha sentencia que así o di", exclamó José Manuel Carabelos mientras una hermana suya mostraba una sentencia del Penal 3 de Pontevedra con fecha del 23 de abril en la que condena a Manuel Carabelos Farto –su padre– a una pena de 21 meses y un día de prisión por un delito de maltrato habitual contra la persona de su mujer, Carmen Casalderrey, y a 3 meses por amenazas contra su propio hijo. Un fallo que señala como "él veu cara min amenazándome con un coitelo" y que establece órdenes de alejamiento contra él y contra su madre, dice Jose Manuel. Una orden que, añade, quebrantó en una ocasión, por lo que también fue condenado.
Ante esta relación tan mala entre Manuel Carabelos y sus hijos, José Manuel explicaba ayer, casi entre lágrimas, que "o único medo que eu teño é que este señor quede aquí sólo, porque corre o peligro de que lle plante lume á casa, e senón xa o veredes", aseguró a los medios de comunicación.
Esta familia añade que el litigio de separación por la vía civil continuó su camino ajeno al proceso penal y que en febrero de este año se celebró el juicio en el que se debería dictaminar de una vez por todas la separación de los bienes gananciales de este matrimonio. José Manuel asegura que "o único que falta é a sentencia do señor xuíz".
Aseguran que una vez que se produzca el fallo "nin él nin a miña nai terían dereito ao usufructo que lles toca sobre esta vivenda e que permite que meu pai poida vivir cada seis meses aquí". "Acabaríase o conto", señalan.
José Manuel Carabelos está convencido de que fue su padre quien reclamó ante el juez que su derecho de usufructo sobre toda la vivienda y no únicamente sobre el bajo como hasta ahora. La decisión judicial los pilló por sorpresa y reaccionaron con estupefacción cuando ayer se personaron en su casa los funcionarios judiciales, acompañados de varias dotaciones policiales, y les comunicaron que iban a ejecutar la orden de desahucio temporal en toda la vivienda y no sólo sobre el bajo. En medio de llantos y desesperación, María Dolores Portela, cuñada de José Manuel –mujer de uno de los cinco hermanos, el que reside en la vivienda y quien asegura ser la propietaria– se preguntaba "¿a dónde vamos a ir a vivir ahora con dos niños pequeños? ¿Debajo de un puente?". Tuvieron que dejar la casa ella y su marido, sus padres, que también residen en la casa, dos niños y otros dos adultos que viven en el inmueble. "Tenemos que salir para que entre un sinvergüenza a una casa que construimos nosotros y que todavía estoy pagando. Y me cuesta Dios y ayuda con los tiempos que corren".
El desalojo se produjo en medio de escenas de tensión y algún enfrentamiento entre los hijos y sus familiares con su propio padre, que estuvo presente durante parte de la operación. Luego la Policía Nacional intentó contener a unos treinta vecinos que se presentaron frente en la vivienda para mostrarle su apoyo a la familia e increpar a Manuel Carabelos.
Por su parte, el patriarca, Manuel Carabelos Farto, declinó realizar cualquier tipo de declaración, aunque la persona que ostenta su representación legal niega la versión ofrecida por los familiares.
Defiende que toda la casa se trata de una única vivienda que es la que está en litigio y pendiente de sentencia judicial mediante la separación de los bienes gananciales del matrimonio. También negó que su cliente perdiera los derechos sobre el inmueble cuando se produjera dicho fallo como dicen sus hijos.
Señaló que, tal y como establece la sentencia, ahora le corresponde Manuel Carabelos Farto entrar seis meses a vivir en su domicilio y que éste es el conjunto de la vivienda y no sólo el bajo.

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