Los vecinos ofrecen al Ejército ordenar un uso compartido del monte comunal

F.M. - PONTEVEDRA Buscando un acuerdo con el Ejército, para compartir de forma ordenada los usos del monte, la plataforma de afectados por el perímetro de seguridad de la Brilat ha solicitado una entrevista con el responsable de la base militar General Morillo, con el fin de consensuar las actividades que soldados y vecinos desarrollarán en el terreno forestal.
La Comunidad de Montes de Salcedo, que preside Fernando Pintos, tiene clara su propiedad sobre los terrenos que hasta ahora viene utilizando para maniobras y otras actividades la base militar, por lo que advierte que en adelante éstas deberán ser comunicadas y negociadas con el colectivo vecinal. Los comuneros permitirán al Ejército seguir aprovechando sus terrenos sólo a través de un acuerdo de usos del mismo. Lograr ese consenso es el objetivo de la reunión de trabajo que han solicitado al responsable del cuartel.
La nueva directiva del colectivo vecinal se ha propuesto recuperar los usos tradicionales del monte y poner en valor sus potencialidades, de ahí que se haga necesario llegar a un acuerdo con el Ejército para regular las actividades de ambos.

Tareas tradicionales

Tareas habituales para cualquier comunidad de montes, como una limpieza, una reforestación o la extracción de la madera, se hacen complicadas en Salcedo por tener una parte de su monte comunal ocupado por actividades militares, que “fueron impuestas sin el consentimiento de los propietarios”, explican.
Los comuneros quieren poner en marcha planes de prevención de incendios forestales, reforestaciones con especies autóctonas o planes de desarrollo turístico-deportivo, que se hacen inviables si el cuartel continúa haciendo uso del monte como si fuese una propiedad particular del Ejército, según argumentan los portavoces de los comuneros.
Por otra parte, la plataforma de afectados por la franja de seguridad, que engloba a colectivos sociales de Salcedo, Lourizán, Vilaboa y Marín ha encargado a un perito la ordenación y validación de toda la documentación que demuestra la propiedad del terreno comunal que viene utilizando la base militar, para iniciar el proceso de reclamación judicial del monte.
El colectivo también ha autorizado al gabinete jurídico que presentará la reclamación a iniciar todas las acciones legales necesarias para recuperar la plena titularidad del terreno.