B. MÁRQUEZ - PONTEVEDRA
"La ley no obliga a abortar a nadie". Es una perogrullada reconoce la portavoz de la recién constituida Plataforma galega polo dereito a decidir, Mari Lides, pero hay que recordarlo para impedir que los "fundamentalistas bien intencionados y muchos hipócritas" fracasen en su intención de regresar al pasado cuando la interrupción voluntaria del embarazo podía llevar a una mujer a la cárcel, cuando no a la muerte.
La Plataforma galega polo dereitio a decidir, integrada por sindicatos, colectivos de mujeres y partidos políticos, defiende el actual proyecto de ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción del embarazo que promueve el Gobierno y por ello ha puesto en marcha una campaña informativa y de recogida de firmas con el fin de concienciar a la sociedad sobre la necesidad de esta modificación.
Abogan por una ley de plazos de 14 semanas, pero también porque el aborto esté garantizado en la red sanitaria pública (en la actualidad sólo el 3% de estas intervenciones se hacen en centros del Sergas); por la protección de la privacidad de las mujeres que optan por interrumpir su embarazo, por una mejor información y mejor acceso a los medios de contracepción y por una verdadera educación sexual y reproductiva.
Desde la Plataforma galega polo dereito a decidir se defiende también la autonomía de una joven de 16 años para decidir sobre su maternidad. Que esta joven busque el apoyo de sus mayores dependerá de su situación familiar pero en ningún caso la confianza puede ser regulada por ley.
Mari Lides insistía ayer, durante la presentación de la Plataforma, que una mujer no aborta por que sí; que ellas también defienden la vida, "la vida de las mujeres y de los niños" y que sobre todo y por encima de todo abogan por la mayoría de edad de las mujeres, por su derecho a decidir.
No es de recibo, sostiene Mari Lides, que saquen a la calle a menores para que ante una cámara digan "que estamos aquí para que no maten a los niños en las barrigas de su mamá". "Es una manipulación intolerable" afirma esta portavoz, que demuestra que el debate está fuera de los límites de la razón y que las creencias no pueden regir las leyes de una sociedad.
