REDACCIÓN - PONTEVEDRA
Cuando a finales del pasado septiembre la concejala de Urbanismo, Teresa Casal, se entrevistó con el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, éste se comprometió a articular el instrumento administrativo que le permita al Concello licitar la obra del nuevo edificio judicial de A Parda. Dicho instrumento puede tener dos figuras, la de un convenio entre ambas administraciones, o una declaración de incidencia supramunicipal del proyecto, explicó la edil de Urbanismo.
La teniente de alcalde socialista recordó este compromiso a tenor de las críticas del portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Telmo Martín, que un día antes declaró que el Concello puede iniciar el proyecto si pacta con los propietarios de los terrenos afectados.
Propietarios
En este sentido, Teresa Casal apuntó que ella, como edil de Urbanismo, ya ha hablado tanto con el responsable autonómico de Xustiza como con los propietarios de las parcelas. Y respecto a estos últimos expresó su extrañeza porque Telmo Martín haga declaraciones públicas en nombre de una empresa constructora (copropietaria de los terrenos) con cuyos socios ya mantiene conversaciones la responsable municipal de Urbanismo. Algo que la socialista interpreta como que “Telmo Martín siempre tiene que estar en el candelero”.
Otra interpretación que hace Casal de las manifestaciones del líder conservador, ofreciendo al Concello un “pacto” para expropiar las fincas afectadas, es la difundir la idea de que el ayuntamiento es implacable cuando se trata de expropiar a pequeños particulares, pero más “cauteloso y dialogante” cuando los afectados son promotoras o empresas, “algo que no es cierto en absoluto”, añadió la edil.
Así, el gobierno local está a la espera de que la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza les remita el borrador de convenio para iniciar el proyecto de los nuevos juzgados, instrumento sin el cuál el Concello no puede actuar en esta cuestión.
Por otra parte, la teniente de alcalde niega que la empresa constructora aludida por Telmo Martín, sea la mayor propietaria de las parcelas afectadas. Son en total “unos ocho propietarios” –apuntó Casal– de los cuáles aproximadamente la mitad habían presentado recursos contra la afección de las fincas.
Negociación
En todo caso, la concejala de Urbanismo matizó que su departamento está abierto a cualquier tipo de negociación con los implicados en el proyecto y criticó que la intervención de Telmo Martín en el asunto, sirva “una vez más” para tratar de enturbiar, sino paralizar el proyecto. Teresa Casal entiende que el líder conservador tiene un acuerdo con el gobierno de la Xunta para que “aquí no se mueva nada hasta finales de 2010, para decir así que todo lo que se pueda conseguir es gracias a él”.
Durante la primera visita del conselleiro de Presidencia a la ciudad, a finales de septiembre, ambas partes coincidieron en la necesidad de dotar a la capital de nuevas infraestructuras judiciales.
El titular de Xustiza aseguró entonces que “la Xunta va a hacer” el nuevo edificio y que tiene ya consignados 15 millones de euros de los 100 que destinará el Gobierno autonómico al plan de infraestructuras judiciales de Galicia. El conselleiro dijo entonces que la nueva sede estará en A Parda, al lado del actual edificio de los juzgados, centralizando así en este barrio las sedes judiciales de la ciudad para darles mayor operatividad.
