N. D. - PONTEVEDRA
El grupo municipal del PP apuesta por una fórmula totalmente opuesta a la que pretende seguir el gobierno local para obtener los 6.000 metros cuadrados que requiere el segundo edificio judicial de A Parda. Mientras el alcalde apuesta por la vía expropiatorio previa declaración del proyecto como supramunicipal, el líder de la oposición, Telmo Martín, no sólo declara "inviable" esa supramunicipalidad, sino que asegura que "es posible" un acuerdo amistoso con los propietarios, entre los que se encuentra, precisamente, la empresa inmobiliaria de la que el propio Martín es socio.
Según explicó ayer el propio edil popular, de los 6.000 metros cuadrados necesarios (ya catalogados en el Plan de Urbanismo para equipamientos, sin otro posible aprovechamiento), la mitad aproximadamente pertenecen a Construcuatro y a la empresa del presidente de la Cámara de Comercio, Ricardo Mirón. "Pongo la mano en el fuego por ambas firmas para decir que aceptarían el acuerdo" y sostiene que el resto de dueños, todos ellos personas físicas "harían lo mismo" si el concello se pusiera en contacto con ellos.
El alcalde, Miguel Fernández Lores, puso ayer mismo en duda esa afirmación, "ya que en algún caso son los mismos propietarios de los terrenos del primer edificio judicial, y aún hay conflictos (judiciales) doce años después".
En todo caso, Telmo Martín emplaza a Lores a ponerse manos a la obra de inmediato en la obtención de esos terrenos. "Si acude a la negociación, podría adoptar una vía muy sencilla: ofrecer un documento a los dueños en el que se reconozcan esas propiedades, para obtener el suelo a cambio de la garantía futura de una permuta por otro terreno en otro lugar, edificabilidad o incluso monetaria". De este modo, cree que el concello obtendría las parcelas "en dos meses", mucho antes que entre los ocho y los dieciocho meses que podrían retrasarse si se acude a la vía expropiatoria".
Alertó de que una demora por parte del concello en la cesión a la Consellería de Presidencia de ese suelo pondría en peligro la inversión de 15 millones anunciada por la Xunta para el segundo edificio judicial de A Parda.
