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José Paulino González Formoso - Fiscal de la Audiencia de Pontevedra

"Pontevedra no es una ciudad conflictiva"

Después de 36 años de servicio, el veterano fiscal recibe la Cruz de San Raimundo de Peñafort

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José Paulino González Formoso (Carnota, 1940) tomó posesión en agosto de 1973 en la Audiencia Territorial de Burgos. Se hizo cargo de la Fiscalía de Miranda del Ebro. En 1976 se trasladaba a Pontevedra en donde se hizo cargo de la Fiscalía de Lalín y A Estrada. En 1984, como motivo de su ascenso a abogado fiscal, fue trasladado a Valladolid. El 15 noviembre de 1985 regresaba a Pontevedra en donde ejerce hasta la fecha. El 24 de junio de 2009 el Ministerio de Justicia confirmaba la imposición de la Cruz distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort.
José Paulino González Formoso (Carnota, 1940) tomó posesión en agosto de 1973 en la Audiencia Territorial de Burgos. Se hizo cargo de la Fiscalía de Miranda del Ebro. En 1976 se trasladaba a Pontevedra en donde se hizo cargo de la Fiscalía de Lalín y A Estrada. En 1984, como motivo de su ascenso a abogado fiscal, fue trasladado a Valladolid. El 15 noviembre de 1985 regresaba a Pontevedra en donde ejerce hasta la fecha. El 24 de junio de 2009 el Ministerio de Justicia confirmaba la imposición de la Cruz distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort. 

C. GARCÍA - PONTEVEDRA La Junta de la Fiscalía Provincial de Pontevedra aprobó de forma unánime solicitar al Ministerio de Justicia la imposición de la Cruz distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort para uno de sus más veteranos integrantes, José Paulino González Formoso, por su dedicación al Ministerio Público durante sus 30 años de servicio. Tras recibir el visto bueno del Consejo Fiscal, el pasado 24 de junio de 2009 el Ministerio de Justicia concedía esta importante distinción a este experto profesional. En la Fiscalía de Pontevedra son conscientes de que no es corriente la imposición de este tipo de condecoración entre los miembros del Ministerio Público, por lo que se pretende organizar un solemne acto en el que se le impondrá la Cruz de San Raimundo de Peñafort a Paulino González. Un acto que se prevé que tse celebre el 19 de febrero. La Cruz de San Raimundo de Peñafort premia los relevantes méritos contraídos por cuantos intervienen en la Administración de Justicia y en su cultivo y aplicación del estudio del Derecho en todas sus ramas, así como los servicios prestados sin nota desfavorable en las actividades jurídicas dependientes del Ministerio de Justicia.

—Después de 36 años ejerciendo como fiscal, más de 30 casi de forma ininterrumpida en Pontevedra, debió usted ver importantes cambios. ¿Es muy diferente la labor del fiscal de aquella época a la de ahora?

—El trabajo que se desarrollaba en aquella época a la de hoy en día es muy diferente. Hoy en día se requiere la presencia directa del fiscal para la mayoría de los actos judiciales de trascendencia que se producen en cualquier procedimiento. La diferencia es muy acusada. Antes había casos en los que el juez podía adoptar medidas como la prisión para un reo sin la solicitud del fiscal o de una de las acusaciones, eso hoy es casi imposible, salvo en contadas ocasiones y de forma muy excepcional.

—¿Hay mucho más trabajo ahora?

—Evidentemente, no hace falta más que ver las estadísticas de las memorias de la Fiscalía para comprobar que la carga de trabajo se multiplicó. En ocasiones hasta el punto de que puede llegar hasta a agobiar porque somos pocos. Siempre necesitamos de esfuerzos importantes para llevar las cosas al día y hacer que la Justicia sea verdadera Justicia, porque la Justicia tardía no merece ese nombre.

—A tenor de su experiencia en la Fiscalía, ¿calificaría Pontevedra como una ciudad insegura?

–Pontevedra no es una ciudad conflictiva. Si bien es cierto que han aumentado los delitos, sí se pone de relieve que el incremento viene dado sobre todo por la aparición de figuras delictivas que antes no lo eran, como los de tráfico o violencia interfamiliar. Acciones como conducir sin carné, que antes era una sanción administrativa, o lesiones leves en casos de violencia de género que antes eran una falta, ahora son considerados delitos. Era algo que la sociedad demandaba y que el legislador se ha hecho eco de esta corriente social.

—¿La de fiscal es una profesión vocacional?

—Desde mi punto de vista sí. Al menos yo siempre me he sentido fiscal y he ejercido como tal. Esta profesión tiene distintas facetas, no sólo se restringe a formular acusación y a acudir a los juicios acusando. También garantiza que se va a defender a quien es injustamente atacado, por eso se habla de la Fiscalía como Magistratura de amparo. Además, la actuación del fiscal no sólo se ciñe al ámbito penal. También es relevante nuestra actuación en la vertiente civil, sobre todo cuando se trata de la defensa de personas desamparadas, menores y discapacitados ante un proceso legal.

—¿Recuerda algún caso que fuera especialmente relevante o difícil a lo largo de su carrera?

—Ninguno en especial. Ha habido muchos juicios importantes pero no podría resaltar uno sobre los demás. Hay casos que desde el punto de vista mediático son más importantes que otros pero la transcendencia jurídica es menor y viceversa. Siempre son importantes cuando se está actuando contra la libertad de las personas, que es uno de los derechos más fundamentales. A veces duele mucho abocar a una determinada persona a la cárcel o a la privación de libertad, sobre todo cuando conoces la trascendencia familiar y social que conlleva una medida de privación de libertad.

—¿Qué significa para usted la imposición de esta distinción tan importante en el mundo de la Justicia?

—Para mí es una alegría en lo personal y una satisfacción en lo profesional porque supone un reconocimiento a muchos años de esfuerzo, de trabajo y lucha callada, de muchas horas al pie del cañón. Que se reconozca un mérito siempre es satisfactorio. Por otra parte, que los compañeros hallan decidido por unanimidad en la Junta de Fiscalía solicitar para mi esa recompensa es muy gratificante, por eso estoy muy agradecido a todos ellos y en especial al fiscal-jefe, Juan Carlos Aladro, que se hizo portavoz de esta iniciativa y tramitó las solicitudes correspondientes.

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