C. GARCÍA - PONTEVEDRA
La jornada de huelga a la que estaban llamados los jueces pontevedreses por la Asociación Profesional de la Magistratura, APM, tuvo ayer una escasa repercusión en el funcionamiento de los órganos de la administración de justicia en la ciudad.
Según informó el juez decano de la capital, Fidel Del Río, en el edificio judicial de A Parda el seguimiento fue de dos jueces se sumaron al paro de los 20 titulares de las salas constituidas en la ciudad.
Los jueces que decidieron secundar la huelga fueron los titulares de Vigilancia Penitenciaria y uno de los juzgados de Primera Instancia, informaron fuentes del decanato.
Según fuentes judiciales consultadas, el resto de los juzgados (contenciosos, penales, instrucción, sociales y mercantiles) funcionaron con total normalidad a lo largo de la mañana sin que fuera necesario aplazar ninguna de las vistas programadas para el día de ayer.
Por su parte, en la Audiencia Provincial de Pontevedra la normalidad también fue casi absoluta. Aunque oficialmente no hubo datos, de forma extraoficial sí se pudo conocer que uno de los magistrados de la Sección Primera secundó el paro convocado por APM.
Según los datos de la organización convocante, en el conjunto de la provincia fueron diez los magistrados que se sumaron a la movilización. El TSXG elevó posteriormente el número de magistrados que secundaron la huelga a 13 de 95 en la provincia, lo que supone un seguimiento de un 13,6%, y que significa un descenso con respecto al paro del pasado mes de febrero en el que participaron un 30% de los magistrados. El paro obligó a suspender 10 juicios o actuaciones judiciales en la provincia.
El objetivo de la convocatoria de APM, asociación de corte conservador, era reclamar más medios al Ministerio de Justicia al considerar que no se han cumplido las promesas de modernizar la administración judicial. Otras asociaciones de la judicatura, como Jueces para la Democracia, coinciden en la falta de medios, pero creen que no es el mejor momento para ir a una huelga tras abrirse un periodo de negociación con el Gobierno.