Los dos juzgados de lo Mercantil inician el último trimestre del año con un volumen de trabajo inusual debido a los efectos de la crisis económica. Las dramáticas dificultades por las que atraviesan algunos sectores de la actividad empresarial en la provincia se traducen en la solicitud de los procedimientos concursales, antes conocidos como suspensión de pagos. El último recuento, realizado esta misma semana, concluye que esas dependencias tramitan 219 procedimientos de este tipo. Desde los sindicatos apuntan que de todas las firmas que optaron por esta medida en 2009 sólo dos siguen en pie.
La dependencia Número 1 estudia en la actualidad 109 casos, mientras que la Número 2 acumula 110. De cualquier modo superan las estimaciones que, a principios de año, sostenían juristas y economistas, las de que esta clase de procesos al menos se duplicarían con respecto al año pasado. Ahora estos más de dos centenares se encuentran en diversas fases, como las correspondientes al estudio sobre la admisión de la solicitud, la adjudicación de los administradores que negociarán con las partes acreedores o el último paso hacia la liquidación.
Esta última consecuencia, si bien no es el fin con que persigue la Ley Concursal, semeja ser la habitual. La normativa persigue establecerse como herramienta para superar desavenencias puntuales. Sin embargo, la realidad deja un escaso porcentaje de compañías que siguen en pie. La mayoría pasan a liquidación y terminan cerrando.
Así lo denuncian desde los sindicatos, que llevan varios meses lamentando que los empresarios se acogen a esta vía cuando los negocios ya se encuentran en una situación prácticamente insalvable. Entre las sociedades que más clausuras han efectuado a lo largo de 2009 tras la solicitud de procesos concursales se encuentran las relacionadas con el sector de la construcción, pero ésta es una situación que también se ha extendido a ámbitos de la alimentación, distribución y textil, entre otros.
Dentro de la comarca capitalina en la actualidad hay dos empresas constructoras sobre las que planea la posibilidad de solicitar la vía concursal. Por un lado Casas Novas, que se está ocupando del preconcurso y aún no ha hecho la solicitud. Por otra, Indeza, que trata de cerrar las últimas negociaciones con sus acreedores para evitar esa medida judicial.
Según apunta el secretario comarcal de la CIG en Pontevedra, Rafael Iglesias ,"a día de hoxe sabemos que as únicas que non foron a liquidación son o Celta de Vigo e Montoto, o resto dos procedementos xa concluidos durante este ano concluiron en peches", apunta sobre el resultado de las que se acogieron al concurso de acreedores desde que arrancó el año. En lo que respecta a la segunda, para avanzar hacia su continuidad también se ha puesto en marcha un Expediente de Regulación de Empleo cuya entrada en vigor se condiciona por parte de los sindicatos a ayudas de formación y prejubilación.
Precisamente ayer la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) cifró en aproximadamente 10.600 los trabajadores que desde principios de año se vieron afectados por algún ERE. Desde la asociación que dirige José Manuel Fernández Alvariño apuntan que "la provincia sufre con total crudeza los efectos de la crisis". Para ejemplificarlo el dirigente apuntó que de los 2.100 empresas gallegas que desaparecieron en 2008, más de la mitad, 1.058, eran de la provincia de Pontevedra.
El responsable de la patronal pontevedresa también ofreció los resultados de la encuesta semestral de coyuntura elaborada por la CEP, de la que se desprende que la mayor parte de empresas de la provincia "no ven una salida cercana a la crisis" o la caída de la capacidad productiva que, según Fernández Alvariño, "se desploma a un 63%" desde el 72% registrado en el semestre anterior. De modo complementario, manifestó que los empresarios de la provincia "continúan con dificultades en el ámbito financiero y crediticio".
