MARCOS QUINTAS - PONTEVEDRA
El grupo SB Industrial ya ha pasado a engrosar la lista de empresas de Pontevedra y su comarca que solicitaron un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) desde que comenzó la crisis. Los responsables de la firma, dedicada al mantenimiento mecánico y con centros de trabajo en Marín y Cuntis, presentaron ayer la solicitud de ese ajuste laboral, con el que se pretende reducir la plantilla extinguiendo 31 de los 44 puestos de empleo. Tal recorte se basa en causas organizativas.
La compañía comunicó a los representantes de los tres sindicatos que componen el comité (UGT, CIG y CC OO) el esbozo de su propuesta. La documentación ya está presentada ante la autoridad laboral competente y ahora ambas partes disponen de un plazo de quince días para llevar a cabo el período de consultas. Sin embargo, desde la defensa de los trabajadores se esgrime que las negociaciones no comenzarán hasta que dispongan de los datos económicos y demás informaciones sobre la sociedad, cuya sede se ubica en la villa portuaria.
De esta manera SB Industrial prosigue su reducción de plantilla, iniciada ya hace varios meses. Y es que en 2007, antes de que comenzase el actual ciclo económico, contaba con 59 asalariados, a los que se sumaban otros 35 de tipo eventual. Cerca de una decena fueron despedidos a lo largo de este año, una medida que la Inspección de Trabajo tachó como nula, por lo que se obligó a su readmisión. Ahora, con la presentación de esta regulación, una de las cuestiones que enfrentarán a comité y patronal es el futuro de ese grupo de operarios.
Exigen la documentación
Durante el primer encuentro, que se mantuvo ayer por la tarde, desde la empresa sólo se limitaron a hacer oficiales sus planes, apenas unas horas después de haber iniciado la tramitación para poder efectuar ese ERE. Ya hoy se realizará otro cuya finalidad es traspasar la documentación en la que se pueda observar la situación actual de la empresa. Los sindicatos advierten de que será cuando la tengan en su poder, en su totalidad, el momento en el que arranquen las negociaciones. Los dirigentes aducen motivos de organización para tener que recurrir ERE. Los económicos no se nombran, aunque los sindicatos sostienen que las últimas nóminas se estaban abonando con retraso.
Si bien las condiciones en las que se produciría el recorte de la plantilla aún no empezaron a abordarse, desde la firma comentaron que la indemnización será de 20 días por año trabajado o, lo que es lo mismo, el pago mínimo al que obliga la legislación. De mantenerse esta cantidad, los representantes sindicales ya auguran que no se llegará a un acuerdo posible y que la decisión quedará en manos de las autoridades.
Los representantes laborales avisan de que únicamente habría posibilidad de conseguir un pacto situando esa contraprestación alrededor de los 35 días anuales. Los 31 trabajadores que resultarían afectados, en caso de que finalmente se pusiese en marcha el ERE, podrían corresponder tanto al centro productivo de Marín, ubicado en el recinto portuario, como al de Cuntis, en el polígono industrial de A Ran.