REDACCIÓN - PONTEVEDRA
El medio millar de trabajadores del concello, sean funcionarios o de otro tipo, deberá entregar mañana, debidamente contestada, una encuesta interna de 48 preguntas sobre la situación del idioma gallego en la administración municipal, un sondeo que pretende conocer, entre otras cuestiones, diversas opiniones personales de la plantilla acerca de su uso o incidencia en la sociedad pontevedresa.
El cuestionario es anónimo, pero se abre con una serie de once preguntas sobre el área municipal en la que se trabaja, la edad, el lugar de residencia o el tiempo vinculado al concello, datos que, a juicio del PP, permitirían conocer con "bastante exactitud" la identidad de cada uno.
Este asunto llega en medio de la polémica surgida en los últimos meses sobre la relación entre el gallego y el castellano, un conflicto que enfrenta de forma clara al BNG y al PP y que se agravó con la reciente celebración en el Museo de unas jornadas organizadas por el colectivo "Galicia Bilingüe". El alcalde, Miguel Fernández Lores, llegó a enviar una carta de protesta a la Diputación (que financió esas jornadas) y el BNG organizó una semana después su propio acto en Pontevedra.
El concejal de la oposición, Jacobo Moreira, denunció ayer (en una comparecencia en gallego) la existencia de esta encuesta, que calificó como una "agresión a los derechos individuales de los trabajadores" y emplazó al gobierno local a retirarla "y pedir perdón", porque "ha levantado cierto malestar entre los funcionarios".
Obligatorio
La encuesta está promovida por el departamento de Normalización Lingüística, que dirige el concejal Demetrio Gómez, y se repartió hace varias semanas entre la plantilla, con la exigencia de que fuera entregada el 15 de septiembre. Sin embargo, cumplido ese plazo se comprobó que el número de respuestas era muy bajo, por lo que el cuestionario se repartió de nuevo, acompañado esta vez de una carta del propio concejal, firmada el día 22, en la que se recuerda que "existe a obriga de contestar a enquisa sobre a situación do idioma galego na Administración municipal antes do día 30 de setembro". Se explica también que este sondeo "es individual e anónimo" y tiene el objetivo de determinar el grado de cumplimiento en el concello de la ordenanza municipal de impulso del gallego, así como implicar a todo el personal en esa misión.
Sin embargo, para el PP se estima que la iniciativa "invade la esfera privada" de los funcionarios y acusa al gobierno local de "amenazar" con "las medidas que se consideren oportunas" a quien eluda responder al cuestionario. Al respecto, la carta de Demetrio Gómez indica que se adoptarían posibles medidas "para el cumplimiento de la ordenanza" aprobada por unanimidad en 2005. Además, se apunta que "este cuestionario é anónimo e todos os datos recollidos serán tratados de forma conxunta, non individualizada, preservando os dereitos que lle outorgan o segredo estatístico e la lei de Protección de Datos de carácter persoal". "O seu obxectivo é realizar un diagnostico sobre a situación do idioma galego e non posúe ánimo fiscalizador ningún", concluye.