El Gobierno reconoce la "sobreocupación" de la prisión de A Lama

C. GARCÍA - A LAMA La cárcel de A Lama volvió ayer a abrir sus puertas para la celebración de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias. Una festividad que se presentaba con polémica tras el anuncio por parte de las centrales sindicales de que no asistirían a los actos programados en la prisión como medida de protesta por "el caos" y la "masificación" en la que, según denuncian, "está sumida la institución". Según un comunicado firmado por las centrales sindicales, el centro se encuentra ahora mismo al 200% de su capacidad. Ante esta situación "la verdad es que no tenemos nada que celebrar", insistía ayer Enrique Mosquera, portavoz de Acaip.
Durante los actos de ayer tanto el subdelegado del Gobierno, Delfín Fernández Álvarez, como el director del centro, José Antonio Gómez Novoa, admitieron que el centro penitenciario de A Lama sufre "sobreocupación". "Esta es una situación que siempre reconoció el Gobierno, el subdelegado y yo mismo" indicaba el director de la prisión. No obstante, señaló que a nivel de instalaciones y condiciones de trabajo la situación es mejor que las de muchos otros países a nivel europeo. En cualquier caso, señalaron que pese "a problemas puntuales" la convivencia y el comportamiento de la población interna es "encomiable" y destacó el trabajo desarrollado en los seis módulos convivenciales de la prisión, en el que son un referente a nivel estatal, está contribuyendo a disminuir los roces entre los reclusos y el número de expedientes por comportamientos inadecuados en el centro.
El subdelegado del Gobierno añadió que esta situación no significa que los presos estén "almacenados". Indicó que las medidas adoptadas por el gobierno central (destinando 3.200 millones a la construcción de 46 nuevas infraestructuras penitenciarias) comienza ahora a "dar sus frutos". Añadió que esta "sobreocupación" es un problema común de todas las cárceles españolas y culpó de la situación a la falta de inversión en materia penitenciaria durante el periodo 2000-2004, en el que gobernaba el PP.
Asimismo, considera que el incremento de la población reclusa que se registra en Pontevedra no se corresponde con un repunte de la criminalidad y recordó la aparición de nuevas figuras delictivas (en materia de violencia de género o seguridad vial, por ejemplo) contribuyó a que se disparase el número de reclusos.
Además de situar a la cárcel de A Lama como un ejemplo de "servicio público dirigido a resocializar a los reclusos", ambos destacaron que el centro penitenciario acaba de recibir una mención honorífica a las buenas prácticas por parte de Instituciones Penitenciarias en relación al programa de régimen cerrado (intervención con internos conflictivos), una experiencia que ha sido exportada a otras cárceles españolas.
En la actualidad, la cárcel cuenta con una población de 1.896 reclusos, de los que más de un 30% son extranjeros (en A Lama conviven presos de 64 nacionalidades). Según los sindicatos, la cifra de internos bajó en los últimos meses pero en torno al mes de julio rozó los dos mil con una cifra récord de 1.990 presos, incluido el CIS de Vigo. La cárcel estaba inicialmente diseñada para 1.009.
En la cárcel pontevedresa también cumplen condena o se encuentran en prisión preventiva una media de 20 presos de la banda terrorista ETA y una decena de integrantes de grupos islamistas.