Las chicas que alternaban en un club de Silleda eran multadas hasta por "mascar chicle"

C.G. - PONTEVEDRA Su testimonio era considerado clave, pero una de las mujeres que ejercían el alterne en el club "Tris-Tras" cuando se desarrolló la "Operación Mami" no pudo comparecer ayer en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial contra una supuesta red de tráfico y explotación de mujeres al encontrarse en paradero desconocido. Sin embargo, el testimonio que prestó en el juzgado de instrucción de Lalín en septiembre de 2005 sí pudo escucharse ayer al aceptar el tribunal, pese a la protesta de las defensas, que la secretaria diese lectura al mismo.
En él, esta mujer aseguraba ante el juez que ella "era una víctima más" de esta supuesta red, que uno de los acusados contactó con ella en Brasil para que viniesen al club de Silleda y que "fue orientada" desde Galicia sobre "cómo tenían que hacer" para trasladarse desde Brasil a España. Añadió que ese viaje le costaba unos 3.000 euros, deuda que debían saldar con los ingresos que obtenían alternando en el club. Ella tardó un mes y 14 días en hacerlo. Deuda que, según declaró, podía incrementarse con multas o lo que ella describió como "impuesto revolucionario": Asegura que trabajaban de 19,00 a 5,00 horas y que libraban un día a la semana. Si no lo hacían pagarían una sanción. Esto además de los 40 euros que pagaban a diario por la habitación, la comida y otros servicios. Aseguran que las multas eran por distintas razones, incluso por "mascar chicle", por lo que pagaban otros 30 euros. También las castigaban por beber alcohol. La deuda con los dueños del club, indicó, crecía si les "prestaban dinero porque así tenían que quedarse más tiempo". Muchas lo pedían porque sus familias lo necesitaban en su país de origen, tenían "niños, padres enfermos o maridos que las explotaban". Aseguró que llegó a "tener miedo en el club".
Una versión muy distinta contaron ante el juez dos de sus compañeras en el "Tris Tras" quienes aseguraron que llegaron desde Paraguay "por su cuenta" gracias a una compatriota que había estado en el club. Negaron que les impusieran multas o un "impuesto revolucionario" y aseguran que sólo les cobraban por la habitación y la comida y que las "trataban muy bien". "Lo que hice lo hacía por necesidad pero nadie me obligó a nada" , dijo una de ellas. Negaron que los dueños se quedasen con parte del dinero que obtenían de cada "pase" del alterne.

Testigo protegido

También declaró como testigo protegido la mujer, ex trabajadora del club, cuya denuncia desencadenó la "Operación Mami". Aseguró que el dinero de cada relación lo cobraba personal del club y no las chicas y que se anotaban en una libreta "todos los pases" que hacían.
El guardia civil que instruyó el caso explicó que sus investigaciones permitieron concluir que, aunque las chicas "sabían a lo que venían" sí recibían instrucciones sobre como realizar el viaje y en el club se regían por una "disciplina interna" que les era impuesta.