V. M. - PONTEVEDRA
El Ministerio Fiscal solicitó tres años de prisión y una multa cercana a los 600 euros para J. M. G. R. por un delito de tráfico de drogas, mientras que la defensa pidió la absolución de todos los cargos argumentando un "complot" de la policía.
El acusado, portero de discoteca, se encontraba en los aledaños de un bar de la calle Cobián Roffignac a las 2.15 de la madrugada del 21 de septiembre de 2008, según la argumentación del fiscal. Unos instantes después se le acercó una pareja de jóvenes, a los que habría vendido medio gramo de cocaína ante los ojos de una pareja de la Policía Local de Pontevedra, que hacía labores de vigilancia de incógnito.
Los agentes, en su declaración ante el juez, inculparon directamente al acusado de los hechos relatados, confirmando fehacientemente su identidad y relatando los detalles de la "transacción". Decidieron seguir a la pareja de jóvenes para intervenirles la droga, pues "sabíamos que este hombre trabajaba en una didcoteca próxima, y pensábamos detenerle allí en cuanto abriese lel local" (como sucedió finalmente).
J. M. G. R., por su parte, realizó una declaración muy confusa en la que en un primer momento negó que él tuviese una moto (que estaba al lado del lugar de los hechos y fue decomisada por la Policía, y en cuya maleta se encontró la droga), pero después confirmó que era de su madre. Más tarde, ante la pregunta de si aquella droga era para él, respondió que "toda no".
La defensa tomó dos vertientes diferentes para su argumentación. Por un lado, dejó entrever la posibilidad de un compló policial para inculpar a su cliente. "Existe la posibilidad de una maniobra, estas cosas ocurren", declaró, y dudó de la presencia de los agentes en el lugar de los hechos, pues "son muy conocidos, y habrían sido descubiertos".
Por otra parte, también se apoya en la declaración de sus testigos, los dos jóvenes que compraron la droga, que negaron que aquel hombre fuese el que les había vendido la cocaína, aunque confesaron que sí se efectuó el negocio. Coincidieron en advertir que se trataba de un hombre menos corpulento que aquel, por lo que la defensa apunta a un amigo del acusado, al que habría dejado prestada la motocicleta.
Además, la defensa pidió la anulación por una supuesta "ruptura de la cadena de custodia" de las pruebas. Por último, expuso los atenuantes de retraso mental leve y drogadicción.