Lores acusa a la Xunta de "abrir la espita" que permitirá crear el Mercantil en Vigo

REDACCIÓN - PONTEVEDRA El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, respondió ayer a las críticas lanzadas por el PP tras conocerse la decisión del TSXG de solicitar al Poder Judicial que el tercer juzgado de lo Mercantil se ubique en Vigo. Los populares pontevedreses acusaron al gobierno local de "no hacer nada" para impedir que este nuevo órgano judicial acabe en la ciudad olívica.

Fernández Lores dio ayer una versión diametralmente opuesta a la de los populares y precisamente culpa a la nueva Xunta del PP de facilitar, con su decisión de crear un área territorial para Vigo, la posible ubicación del nuevo juzgado Mercantil en esta ciudad. "Cuando se crea una quinta provincia en la práctica desde el punto de vista administrativo, obviamente luego hay que llenarla de contenido", afirmó el alcalde pontevedrés.

Fernández Lores advirtió a los populares de que "lo que no vale es quejarse por parte del PP de este tipo de decisiones" ya que les atribuye "la mayor responsabilidad" por "abrir la espita en temas que generan en la práctica la división administrativa de la provincia". Cree que la decisión política de crear el área territorial de Vigo por parte del ejecutivo autonómico "facilita la creación de otro tipo de dependencias que justifiquen este componente de subprovincia". "Esto es la realidad y lo que no vale es llorar después", indicó Lores.

El alcalde recordó que, en todo caso, la decisión de ubicar la tercera sala de lo Mercantil en Vigo no está tomada, depende del Poder Judicial y señaló que hay argumentos en contra de Vigo como sede manifestados por miembros de la judicatura como son los supuestos problemas de funcionamiento que entrañaría implantar el tercer juzgado en una ciudad distinta a la de los otros dos.

Lores indicó que la postura del gobierno local y del Concello siempre fue clara y nunca se contradijo. Recordó la aprobación por unanimidad de una moción por parte de la Corporación reclamando el Mercantil para la ciudad, acuerdo que dieron traslado a todas las instituciones implicadas en la creación y puesta en funcionamiento de este órgano judicial.

Insistió en que "la capital de la provincia no puede perder sus competencias a nivel judicial".