REDACCIÓN - PONTEVEDRA
Las federaciones de asociaciones de vecinos "Castelao" y "Teucro", que enarbolan el banderín de la queja de la capital por la creación de dos delegaciones territoriales de la Xunta en la provincia, se mostraron ayer contrarias a la posibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) otorgue el tercer Juzgado de lo Mercantil a la ciudad de Vigo en lugar de a Pontevedra, donde ya hay dos de estos órganos. Alertan de los "perjuicios" que esa separación ocasionarían al sector.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de emitir un informa que aconseja su apertura en Vigo, lo que supone, para Miguel Vilacoba, portavoz de "Teucro", "un golpe más contra el papel de Pontevedra como ciudad administrativa". Este dirigente vecinal alerta de que la disgregación de los juzgados de lo Mercantil (dos en la capital y uno en la ciudad olívica) "provocará el colapso de la sala existente en Vigo, ya que no daría abasto para atender sus casos, algo que ya se ha comprobado en cuanto a la separación de secciones de la Audiencia".
Estos mismos argumentos ya han sido expuestos estos días desde el ámbito judicial pontevedrés, al señalar que una división de los juzgados en dos ciudades puede crear "ciertas disfunciones".
Desde la federación "Castelao", su portavoz Verísimo Pazos también se muestra crítico e insiste en que "igual que ocurre con la Audiencia, todos los juzgados deben estar juntos y en la capital, que es lo que dice la ley. Las dos salas de Pontevedra atienden a toda la provincia y funcionan perfectamente y un único órgano en Vigo probablemente se colapse", añade.
Miguel Vilacoba se aferra a la posibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial no atienda las recomendaciones del TSXG, por lo que emplaza al CGPJ a mantener los tres juzgados juntos. No obstante, admite que Pontevedra lo tendrá difícil para "no seguir perdiendo lo único que tenemos".
Desde el concello se ha eludido comentar esta polémica hasta que se produzca una decisión en firme. En el conflicto ha tratado de escapar también la Consellería de Presidencia, al no pronunciarse abiertamente, en su propio informe, a favor de ninguna de las dos ciudades. Tan sólo apuntaba que, en el caso de instalarse ese juzgado en Vigo, la Xunta tendrá capacidad para atender sus necesidades.