La Policía rastrea los movimientos de dinero entre todos los implicados en la supuesta venta del bebé

C. GARCÍA - PONTEVEDRA Rastrear y detectar posibles movimientos extraños de dinero entre los implicados en el supuesta intento de venta de un recién nacido en Pontevedra. Ésta es la principal tarea de los agentes de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional que investigan el extraño suceso que desde el jueves tiene en vilo a la capital de la provincia.
También la Fiscalía quiere que se investigue a fondo esta posibilidad ya que, tal y como reconocían ayer fuentes del Ministerio Público conocedoras del caso, la declaración de las dos personas que destaparon el suceso ante Comisaría es el único indicio existente hasta el momento de que alguien iba a recibir una compensación económica a cambio de entregar al bebé de apenas unos días de vida. Según manifestaron los denunciantes ante la Policía Nacional, ellos habrían escuchado una conversación en la que una de las intermediarias hablaba del supuesto reparto de 18.000 euros que iban a recibir por la mediación en la entrega del niño.
El fiscal destaca que será clave para resolver el caso comprobar la veracidad de la declaración de estos testigos cuando comparezcan ante el juez. Algo que ocurrirá durante el proceso de instrucción del caso ya que, por el momento, el juzgado de guardia se ha limitado a tomar declaración a los detenidos e imputados en el suceso, que por el momento ascienden a cinco: la madre del pequeño, Yuliya B.H.; su compañero, S.M.H.S. (detenido por agresión a los policías); Yolanda P. T., supuesta intermediaria, O. R. S.C., el ciudadano venezolano vecino de Poio que supuestamente se iba a hacer cargo del niño; y una prima de la progenitora del bebé.
La Fiscalía también investiga el grado de implicación de la madre, ya que el mero hecho de entregar a un niño para modificar su filiación podría ser un hecho delictivo. De hecho, el Código Penal recoge penas de entre seis meses y dos años para este tipo de actuaciones. El fiscal no ha formulado cargos concretos contra ninguna de las personas implicadas, pero de demostrarse que hubo un intento de venta podrían ser acusados de un delito de alteración de la paternidad. En este caso el castigo es mayor y se barajan penas de uno a cinco años de cárcel. En este caso la responsabilidad afectaría tanto a los progenitores como a los intermediarios y receptores del niño.
A la espera de que la investigación judicial siga su curso, quien rompió ayer su silencio fue una de las personas cuya denuncia ante la Policía Nacional permitió a los agentes descubrir el caso. Isabel Riveiro aseguró que no se "iba a echar atrás" en lo declarado en Comisaría "por que lo que allí dije es verdad". Aseguró que tanto la madre del pequeño como su compañero, S. M. H. S., "nunca quisieron vender al niño" pero asegura que "sí que había dinero por el medio". "Puede que ellos no fueran a recibir nada, pero otras personas sí", aseguró. En su denuncia señaló directamente a Yolanda Pazos T. como intermediaria en la supuesta operación de venta.
Esta última persona también habló ayer a los medios de comunicación para negar cualquier tipo de implicación en los hechos: "Ni hice de intermediaria ni nada, no recibí un duro, ni siquiera conozco al niño, ni sé nada", Asegura que conoce al supuesto comprador del niño como un cliente más de su bar y que a menudo lo veía "cogido de la mano" con la madre del recién nacido. "Es más –añadió– yo siempre lo conocí como el padre del niño". Asegura que estos días vive una auténtica pesadilla.