C.G. - PONTEVEDRA
La Fiscalía Provincial de Pontevedra observó el pasado año "con preocupación" el hecho de que "en los últimos meses hayan aumentado los episodios de agresiones o resistencia grave" por parte de reclusos de los centros penitenciarios de A Lama y Pereiro de Aguiar hacia los funcionarios. Un hecho que avala las denuncias que vienen formulando desde hace tiempo las distintas centrales sindicales que representan a los trabajadores de la prisión.
Así lo plasma el fiscal especializado en Vigilancia Penitenciaria en la memoria del Ministerio Público correspondiente al pasado ejercicio. En ella se recoge que en ambos centros penitenciarios se tramitaron un total de 394 expedientes disciplinarios abiertos contra reclusos, lo que supone un 5,5% del total –la mayoría de las actuaciones que estudia el fiscal son peticiones de permisos–.
El Ministerio Público llama la atención sobre el hecho de que se haya producido un "incremento notable" en el número de expedientes procedentes de A Lama, y explica que desde el mes de julio fueron trasladado a dicho centro "numerosos internos de procedencia extranjera, muchos de ellos peligrosos o que presentaban problemas de conflictividad y adaptabilidad a una normal convivencia tanto con los funcionarios como con los demás internos".
Las agresiones (ya sea a funcionarios o incluso a otros internos) constituyen la mayoría de las sanciones impuestas por faltas muy graves, aunque también lo fueron por amenazas, coacciones y resistencia grave a los funcionarios.
En un nivel inferior se situarían las faltas graves, que suponen la inmensa mayoría de los expedientes abiertos en 2008, y que corresponden a injurias, faltas de respeto, desobediencia o resistencia pasiva a los funcionarios y posesión de objetivos prohibidos –generalmente los llamados en argot carcelario "pinchos" o "carros"– así como también drogas, casi siempre hachís. Si bien, el fiscal destaca que descendieron notablemente los expedientes recurridos por la posesión de dichos utensilios.
En menor número se impusieron sanciones por malos tratos de obra o desperfectos en el centro penitenciario.
En 2008 no se tramitó ninguna falta leve, aunque sí se degradó a este nivel alguna de las consideradas inicialmente como graves.
En cuanto a las sanciones impuestas a los internos, el fiscal observó una tendencia por parte de las respectivas Comisiones Disciplinarias a imponer las penas máximas, lo que a veces "resulta desproporcionado con las circunstancias del caso concreto".