REDACCIÓN - PONTEVEDRA
La negativa de Sogama a recoger los residuos sólidos urbanos (RSU) voluminosos no afectará a los vecinos de Pontevedra, que dispondrán de este servicio en las mismas condiciones en las que venía prestándose. El concello confirmó ayer que "vaise seguir prestando este servizo" antes de exigir a Xunta y a Sogama que cumplan el compromiso firmado en su día con Pontevedra y que incluía la recogida de muebles, electrodomésticos etc.
La Junta de Gobierno aprobó ayer una queja formal y una advertencia a Sogama, que el pasado 3 de julio remitió al concello una comunicación en la que informaba que con fecha del 1 de septiembre dejará de recoger los residuos voluminosos, aduciendo "problemas derivados da Autorización Ambiental Integrada das súas instalacións".
A propósito de cómo es que el concello ha esperado dos meses para expresar su protesta (un aspecto que criticó ayer el Partido Popular como un ejemplo de dejadez del gobierno local ante el problema), Anxos Riveiro aseguró que los servicios jurídicos han estado estudiando el tema y Sogama conoce desde 2008 que tendría problemas con la Autorización Ambiental.
La previsión del gobierno local es continuar mandando los residuos voluminosos "á estación que dia a Xunta, que terá que ofrecer aos concellos un centro de tratamento".
De hecho, la propia Sogama en la comunicación remitido al concello explica que existe una planta de titularidad pública especializada en la valorización de estos residuos voluminosos e insta al concello a adherirse a ella.
Anxos Riveiro recordó que el cambio a un nuevo centro de tratmiento repercutirá en el coste del servicio para el concello. Actualmente los residuos se trasladan hasta la planta de Ribadumia, en donde Sogama se hace cargo de ellos pero a partir de hoy mismo tendrán que ser trasladados a Cerceda.
También la Federación Galega de Municipios e Provincias trabaja en la consecución de una solución común para los concellos que permita abaratar los fuertes costes de transporte que asumen algunos municipios.
El propio presidente de la Diputación, Rafael Louzán, abogó recientemente por plantearse la construcción de una planta alternativa a Cerceda en el sur de Galicia a fin de que los concellos puedan reducir los gastos de transporte.
En la queja aprobada ayer por la Junta de Gobierno se hace constar que el concello exigirá indemnizaciones por estos costes a mayores. En general, se exige a Sogama a que cumpla el contrato firmado en 1997 (con una ampliación dos años después) en el que se establece claramente que recogerá todos los residuos procedentes del municipio de Pontevedra, inclusive los voluminosos.