Afectados de Pontevedra, Vilaboa y Marín recurrirán la nueva franja de la Brilat

F. MARTÍNEZ - PONTEVEDRA El pacto propuesto por la Comunidad de Montes de Salcedo fue asumido por los restantes colectivos de afectados por la franja de seguridad de la Brilat en Vilaboa, Figueirido, Postemirón, Lourizán y San Xulián de Marín. Todas las agrupaciones se unen para presentar un recurso contencioso-administrativo contra el decreto que impone el perímetro de afección en torno al recinto militar.
Los colectivos de Pontevedra, Vilaboa y Marín no aceptan la nueva franja, más cercana al cuartel y que deja exentas a todas las viviendas, porque incluye propiedades privadas y monte comunal que los vecinos no están dispuestos a dejar bajo tutela del Ejército.
Todas las agrupaciones sociales nombrarán el mismo gabinete jurídico –el que ya ha iniciado el proceso en nombre de la Comunidad de Montes de Vilaboa– y recurrirán el nuevo decreto que modifica la primera norma sobre la franja.

Conclusión
En la reunión celebrada ayer en Salcedo se estudió el nuevo perímetro establecido por el Ministerio de Defensa. La conclusión de los afectados es que la franja, aunque reducida, no es aceptable porque sigue afectando a propiedades privadas. Lamentan que Defensa no haya tenido en cuenta ni las demandas de los vecinos ni de los ayuntamientos. El perímetro de seguridad –explican– se adentra en núcleos de población y en terrenos particulares sin justificación alguna. Además de los propietarios particulares y las comunidades de montes, perjudica también a los núcleos de población y a sus posibilidades de expansión.
La nueva franja de seguridad cercana de la base General Morillo de la Brilat publicada el pasado mes, reduce en un 35 por ciento la superficie afectada por el anterior perímetro de 2008, que tantas movilizaciones vecinales provocó.
En total, la nueva zona de seguridad, en la que se contemplan restricciones urbanísticas y de otra índole, afecta a un total de 324 hectáreas en los municipios de Vilaboa, Pontevedra y Marín; frente a las 498 que abarcaba con anterioridad.
La nueva franja ha sido diseñada –según el ministerio– con el objetivo de salvar cada una de las viviendas y demás construcciones (galpones o naves) que quedaban afectadas por el anterior perímetro de 300 metros en torno a la base y esta circunstancia se nota en el trazado de la misma sobre el terreno. Así, el recortado perímetro de protección dibuja importantes quebrados sobre el mapa, con entrantes y salientes para evitar las casas. De esta forma se explica que, pese a abarcar menos terreno, la línea exterior que delimita esta franja sea ahora más larga, 10,7 kilómetros; que la anterior, con 9,9.

Propiedades
A pesar de lo previsto por Defensa, la nueva delimitación del perímetro de la Brilat se ha topado con la oposición los colectivos vecinales de afectados, que consideran que el principal problema sigue vigente: la franja de seguridad, aunque modificada y reducida, sigue existiendo y afectando a numerosas propiedades privadas.
Si bien se produjo un alivio inicial, ante el hecho de que las casas hayan quedado excluidas del perímetro de seguridad, los vecinos se sienten decepcionados por el hecho de que el nuevo perímetro se volviese a establecer en torno al monte comunal y no alrededor de la propia base, por lo que sigue afectando a numerosas fincas. Critican además la forma en que se llevó a cabo la modificación del perímetro, de manera unilateral y sin consultar a los vecinos y a los ayuntamientos.

Norma
El Real Decreto 689/1978 de 10 de febrero, que aprueba el reglamento en el que se basa la creación de esta zona de seguridad detalla los deberes que afectan a los particulares que pretendan efectuar cualquier obra en su propiedad. Así, “deberán formular una instancia dirigida al ministro de Defensa acompañada en su caso de una memoria explicativa y de los planes necesarios para el más exacto conocimiento del propósito perseguido”. En esa memoria deberán figurar “la naturaleza, características y finalidad de los trabajos, tiempo probable de duración, número aproximado y categoría profesional del personal a emplear”. Una vez obtenida, si así se estima oportuno, la autorización (que se puede demorar cuatro meses), la “autoridad militar” podrá inspeccionar la marcha de las obras para comprobar que se ajustan al permiso. En caso contrario, se abrirá un proceso de supuesta infracción, en el que es posible decretar la suspensión de los trabajos y que podría concluir con una orden de demolición, parcial o total, de los construido, además de las sanciones estipuladas”. Los vecinos no aceptan estas restricciones en sus propiedades.