El gobierno provincial aprueba un plan anticrisis en el que Louzán se reserva el destino del 20 por ciento del presupuesto

REDACCIÓN - PONTEVEDRA El gobierno de la Diputación aprobó el Plan de Inversiones 2009-2011, diseñado como un programa para combatir los efectos de la crisis económica en los municipios de la provincia. Está cifrado en 70 millones de euros, de los cuáles el presidente provincial, Rafael Louzán, tendrá libre disposición sobre un 20%, 14 millones de euros, para destinarlos al fin que él considere oportuno. El plan, aprobado tras un encendido debate entre gobierno y oposición provincial, recibió calificativos como "cacicada" o "barbaridade sin precedentes", por parte de los portavoces del BNG, César Mosquera, y PSOE, Emilio González.
Los grupos de la oposición afirman que el plan deja fuera de este paquete de ayudas a los municipios de mayor población (Vigo y Pontevedra) y se dirige principalmente a aquellos municipios más pequeños y que además gobierna el Partido Popular.
Así, los municipios beneficiados por este plan anticrisis de la Diputación representan la cuarta parte de la población de la provincia, quedando el resto fuera de cualquier tipo de ayuda provincial. "Unha entidade local menor recibirá máis cartos que Cangas ou Vilagarcía", explicó el nacionalista César Mosquera, quién calificó el plan de "unha falcatruada dunha gravedade sin precedentes".
La oposición solicitó la retirada de este punto del orden del día en el pleno de la corporación provincial celebrado ayer, para volver a estudiar la forma de financiar los ayuntamientos.
Defendió el plan, en representación del grupo de gobierno, el diputado provincial Julio Alén. El alcalde de Mondariz aseguró que el reparto se basa en la necesidad de ayudar económicamente a aquellos municipios que tienen menos presupuesto y menos recursos propios, ya que los grandes núcleos de población han recibido ayudas del plan E del Estado.
Alén también rebatió la queja de la oposición de que será la Diputación la que decida qué obras se harán en cada municipio, asegurando que serán los Concellos los que elijan el destino de la inversión. Para el PP, el argumento de la población que reclama la oposición para repartir este dinero es "sectario, inxusto e insolidario".