Defensa modifica el perímetro de la Brilat para excluir las casas de Salcedo y Vilaboa

N. D. PONTEVEDRA La polémica franja de seguridad de la base "General Morillo" de la Brilat ya tiene nueva versión, después de diez meses de protestas de los vecinos de Salcedo y Vilaboa afectados por las restricciones que implica este perímetro. El Ministerio de Defensa hizo pública ayer en el Boletín Oficial del Estado la orden por la que deroga el polémico perímetro anterior y establece una nueva zona alrededor del cuartel. Esta segunda franja pretende excluir todas las viviendas de Postemirón, Armada, Navalexo y demás núcleos habitados de Vilaboa y Salcedo que se verían afectadas por las notables restricciones urbanísticas que implica este perímetro de seguridad. La medida también afecta al municipio de Marín, pero en terrenos forestales no habitados, por lo que allí la polémica fue casi inapreciable.
Del mismo modo que en octubre de 2008, cuando se dio a conocer la primera orden, la rectificación de ayer cogió por completo por sorpresa a los afectados. Las constantes promesas incumplidas del ministerio de que esa revisión sería inmediata llevó a los vecinos a abandonar la esperanza y ya habían decidido retomar las protestas tras el mes de agosto. Al día siguiente de esa decisión, Defensa revela la nueva franja. Esta "relajación" impidió ayer a este colectivo analizar con detalle el nuevo recorrido del perímetro de la Brilat, por lo que se muestran esperanzados, pero también muy prudentes.

Menos de 200 vértices
La orden de ayer es prácticamente idéntica a la publicada el 8 de octubre de 2008 salvo en dos aspectos muy significativos. Por un lado, mientras en el documento de hace diez meses se despliega la linea a 300 metros de la propiedad militar, sin ninguna excepción, en este segundo caso se elude específicamente esa distancia y la franja se va adaptando a la realidad social y urbanística del entorno, excluyendo las viviendas, según han asegurado fuentes del Gobierno central. En segundo lugar, si para fijar el polémico perímetro original eran necesarios 356 "vértices" o coordenadas, para esta modificación, que Defensa la justifica en el "perfeccionamiento" de la anterior, tan sólo hacen falta 191.
En todo caso, la implantación de esta franja mantiene sus argumentos de antaño. En todo ese espacio, cualquier particular que desee, por ejemplo, construir una casa, no sólo deberá tramitar los correspondientes permisos municipales sino también, pedir una autorización expresa al Ministerio de Defensa.
El decreto responde a una orden general de 1978 justifica la medida en que "es necesario preservar" la base General Morillo de cualquier obra o actividad que pudiera afectarla, para asegurar la actuación eficaz de los medios de que dispone, así como el aislamiento conveniente para garantizar su seguridad". El cuartel ya disponía de una "zona de seguridad lejana", pero ahora se crea una "próxima del Grupo Primero", el de mayor categoría.
Paralelamente, la nueva directiva de la comunidad de montes de Salcedo, que preside Fernando Pintos, mantendrá sus iniciativas judiciales paralelas al caso de la franja y destinadas a lograr la devolución de los terrenos que consideran comunales pero que utiliza el Ejército, entre ellos el suelo sobre el que se construyeron instalaciones para el adiestramiento de las tropas.

Las restricciones en los terrenos afectados se mantienen
Aunque las casas quedan excluidas, otras propiedades privadas y comunales quedan dentro de la franja y en ellas se mantiene las restricciones iniciales. El Real Decreto 689/1978 de 10 de febrero, que aprueba el reglamento en el que se basa la creación de esta zona de seguridad detalla los nuevos deberes que afectan a los particulares que pretendan efectuar cualquier obra en su propiedad. Así, "deberán formular una instancia dirigida al ministro de Defensa acompañada en su caso de una memoria explicativa y de los planes necesarios para el más exacto conocimiento del propósito perseguido".
En esa memoria deberán figurar "la naturaleza, características y finalidad de los trabajos, tiempo probable de duración, número aproximado y categoría profesional del personal a emplear". Una vez obtenida, si así se estima oportuno, la autorización (que se puede demorar cuatro meses), la "autoridad militar" podrá inspeccionar la marcha de las obras para comprobar que se ajustan al permiso. En caso contrario, se abrirá un proceso de supuesta infracción, en el que es posible decretar la suspensión temporal de los trabajos y que podría concluir con una orden de demolición, parcial o total, de los construido, además de las sanciones estipuladas.