El juez abre diligencias por las obras que el concello realizó sin adjudicación previa

M. RODIÑO - PONTEVEDRA El Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra ha admitido a trámite la denuncia presentada por el grupo municipal del Partido Popular contra el concello por un supuesto delito de prevaricación y fraude en la contratación de dos obras, en la Praza da Liberdade y en la calle Loureiro Crespo, que fueron ejecutadas por la empresa Naturgalia sin que se llevar a cabo una adjudicación previa.

El concejal popular Jacobo Moreira, quien se había encargado de presentar la denuncia el pasado 28 de mayo, fue el que dio a conocer ayer el auto del juzgado, emitido el 16 de junio y que, según el PP, habría llegado al concello hace dos semanas.

En la resolución se dispone la apertura de diligencias previas por parte de la Fiscalía, tras observar la jueza instructora en la denuncia presentada por la oposición "características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal" en la actuación del gobierno.

La acusación interpuesta por los populares ante la Fiscalía incluía un acta notarial que certifica que las obras estaban realizadas antes de su adjudicación, además de recortes de prensa y documentos gráficos con los que los populares consideran probado que las obras fueron contratadas "a dedo".

Petición de documentación

El órgano judicial solicita a la administración local los expedientes referentes a los trabajos de ajardinamiento de la Praza da Liberdade y de una rotonda en la calle Loureiro Crespo, que fueron adjudicados "verbalmente" y concluidos 9 y 4 meses antes, respectivamente, de la convocatoria de una mesa de contratación el pasado mes de abril que fue finalmente suspendida.

El concejal de Parques y Jardines, Raimundo González Carballo, que admitió la existencia de "irregularidades administrativas" en el procedimiento, se había mostrado confiado en que la denuncia resultaría archivada al no existir "ánimo delictivo" ni "despilfarro de fondos públicos".

Desde la oposición consideran, sin embargo, que el proceso, además de saltarse la legalidad, supone un "quebranto para las arcas públicas" municipales, ya que entre las cuatro ofertas presentadas al concurso finalmente anulado la de Naturgalia resultó ser la más cara, con un presupuesto de 120.000 euros que otras empresas aspirantes rebajaron hasta los 95.000.

La decisión del juzgado ha sido recibida con aparente tranquilidad por parte del gobierno local. Su concejal César Mosquera restó importancia a la medida, que enmarca en la "judicialización de la vida municipal que practica el PP desde que está en la oposición. Lo haca desde 1999, cuando empezó con el traslado de los plenos al Teatro Principal y sigue en esa línea".

El edil nacionalista apuntó que "si se tratara de pelotazos, corruptelas o cosas así, estaría nervioso, pero como no existen, el PP se dedica a estas incidencias". A su juicio, la contratación irregular de estas obras que ahora investiga el juzgado es, a juicio del gobierno local "un fallo en la tramitación con el objetivo de agilizar los trabajos para que beneficien a los ciudadanos".