Condenan a un funcionario por ofrecer beneficios a una reclusa a cambio de sexo

C. GARCÍA - PONTEVEDRA La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acaba de condenar a una pena de un año de prisión y seis de inhabilitación a L. A. G. A., funcionario en la prisión de A Lama de 51 años de edad, como supuesto autor de un delito de abuso en el ejercicio de la función pública. El tribunal considera probado que el acusado, vecino de Sanxenxo, ofreció a una reclusa beneficios penitenciarios a cambio de que mantuviera relaciones sexuales con él.
Según el fallo, los hechos se produjeron a finales de 2005 y principios de 2006. La interna se negó a mantener ningún tipo de relación sexual con el acusado y éste reaccionó diciéndole que “le iba a hacer la vida imposible en la prisión”.
El tribunal tiene en consideración como principal prueba de cargo contra el acusado, que era el encargado de la custodia de la interna, la declaración de la propia víctima.

Sin móviles “espurios”
Afirman que en el testimonio que prestó la mujer “no concurren móviles espurios de resentimiento o venganza derivados de relaciones anteriores”. También destacan que la declaración de la víctima fue “rotunda y sin ambigüedades, pues sostiene lo que en su momento expuso al subdirector del Centro Penitenciario de A Lama” y creen que “concurre la persistencia en la incriminación”. Añaden que de su testimonio“se aprecia que durante el tiempo que estuvo interna en el referido centro, el acusado, funcionario de Instituciones Penitenciarias, le pidió relaciones sexuales, cosa que ocurría constantemente cuando él estaba de guardia, al tiempo que le decía que iba a vivir mejor en el centro y le ofrecía permisos penitenciarios”. Fue entonces, continúa el fallo, cuando ante la negativa de la mujer el acusado le dijo le haría “la vida imposible” y que le iba a abrir expedientes disciplinarios.
En tercer lugar, el tribunal tiene en cuenta el informe del subdirector del centro, con quien se entrevistó la reclusa, y en el que se dice que “se habla con este funcionario y aunque no me reconoce abiertamente lo dicho por la interna, sí da a entender que algo hay, por lo que se le advierte de que si vuelve a molestar a esta interna tomaré cartas en el asunto y se llegará hasta las últimas consecuencias”. El fallo establece este informe como una circunstancia periférica “a tener en cuenta” por el tribunal.
Además, en la sentencia se destaca que el funcionario formaba parte de la Comisión Disciplinaria y que estaba asignado al departamento de ingresos y salidas. Este hecho y “las influencias de sus informes sobre la situación de los internos” permite apreciar al tribunal el ascendiente potencial que el acusado podía tener sobre la víctima.
La sentencia no es firme y contra ella se puede presentar recurso de casación en el plazo de cinco días siguientes a la última notificación de la sentencia.

Petición del fiscal
El fiscal solicitaba inicialmente una pena de dos años de prisión y siete de inhabilitación después de la celebración de una vista en la que la víctima aseguró “no comprender” porqué el acusado “me hace esto”. En el juicio declaró incluso que el procesado le habría prometido facilitarle dinero y objetos no permitidos en la cárcel si accedía a sus pretensiones.
La mujer admitió que había otras personas presentes cuando le hacía estas proposiciones. La defensa argumentó que, pese a ello, no se había presentado ningún otro testigo al juicio.