El PP desvincula su denuncia al concello de la que el PSOE presentó contra Hernández

M. Q. - PONTEVEDRA El PP presentó ayer, un mes después de anunciarla, la denuncia contra el concello por supuesta prevaricación y fraude a la hora de contratar dos obras. El concejal Jacobo Moreira fue el encargado de realizar los trámites en el Juzgado de Guardia, un día después de que el PSOE hiciese lo propio contra el conselleiro de Territorio e Infraestructuras, el popular Agustín Hernández por supuestas irregularidades cometidas cuando era responsable de infraestructuras de la Diputación. De todos modos, los conservadores desvinculan su proceder de las acciones emprendidas por los socialistas y lo consideran "una simple casualidad". En cambio, el gobierno local opina que la segunda denuncia es una "respuesta" a la primera y lamenta esta "judicialización" de la política.
"Nosotros lo anunciamos mucho antes", afirma el edil, queriendo echar por tierra cualquier punto de unión entre esta denuncia y la realizada horas antes por el PSOE, que acusa a Hernández de haber certificado una obra como acabada cuando no se había empezado, para justificar una subvención. Moreira recordó a las puertas del edificio judicial de A Parda cuáles son los motivos que llevan al PP a recurrir a los órganos judiciales. "Hemos decidido formular la denuncia por al modo con el que fueron contratadas las obras en Loureiro Crespo y en la plaza da Liberdade, a dedo y sin seguir la normativa vigente", asegura.
En concreto detalla que "fue 9 meses después de que se terminasen los trabajos en la plaza da Liberdade cuando se contrataron las obras, y en Loureiro Crespo ya llevaban 4 meses acabadas". Desde la oposición municipal sostienen que el bipartito local eligió empresas supuestamente por amiguismo y que "ahora hay que ver si esa forma de proceder es un delito o no".
Este asunto ya fue denunciado por el PP el 21 de abril, nada más acudir a una mesa de contratación en la que se conocían las cuatro ofertas disponibles para ejecutar esos trabajos, presupuestados en 120.000 euros, pero que se habían realizado entre cuatro y nueve meses antes. La empresa elegida verbalmente entonces era una de las aspirantes al concurso, aunque formulaba el presupuesto más caro de todos. Tanto entonces como ayer, Moreira apuntó que este procedimiento "se salta por completo la legalidad y supone un quebranto para las arcas públicas". En su denuncia ante la Fiscalía se incluye un acta notarial que certifica que las obras ya están realizadas antes de su adjudicación. Asimismo, se recogen recortes de prensa y documentos fotográficos con los que desde el PP quieren probar que las obras estaban terminadas antes de la fecha en la que fueron adjudicadas.