Los procuradores piden que el Juzgado de lo Mercantil siga en Pontevedra

Portela: "Todos los abogados nos dicen que es el que mejor funciona de España"

 
Concentración de trabajadores de Cedonosa S.A. ante la sede del Juzgado de lo Mercantil.
Concentración de trabajadores de Cedonosa S.A. ante la sede del Juzgado de lo Mercantil.  Rafa Vázquez

S. R. - PONTEVEDRA Con motivo de la presentación de las IV Jornadas sobre la Ley Concursal, una normativa que al desencadenarse la crisis ha supuesto una importante carga de trabajo para los juzgados de lo Mercantil, el decano del Colegio de Procuradores José Portela Leirós reclamó que estos departamentos de la administración de justicia se mantengan íntegramente en Pontevedra.

Portela Leirós insistió en que Pontevedra es la “sede natural” de estos juzgados. “Esta ciudad es referencia por los juzgados de lo Mercantil, recibo a muchos abogados y todos nos dicen sin excepción que son los que mejor funcionan de España”.

“Por favor, que no se lleven algo que funciona”, concluyó el decano de los procuradores.

Éste se hacía así eco de una opinión expresada por diferentes actores de la administración de justicia que recuerdan que la crisis ha supuesto una gran carga extra para los juzgados de lo Mercantil de Pontevedra, que a mayores de su actividad habitual tramitan actualmente al menos 18 procedimientos concursales para garantizar la continuidad de otras tantas empresas o, al menos, el pago a los proveedores y acreedores.

Fuentes sindicales confirman que de esos 18 procedimientos la gran mayoría (17) se están llevando a cabo cuando las empresas ya han cesado su actividad.

Se trata de varias empresas radicadas en distintas comarcas de la provincia de Pontevedra: el grupo formado por Frucogal y Gallega de Plátanos, actualmente en fase de liquidación; Boupamar, en el periodo de comunicación de créditos; Keramet Ceramistas; Prefabricados Vimenca (Áridos de Vilagarcía S.L), pendiente de informe definitivo; Proinsa (Professional Interservices S.A.); Obras y Edificaciones Seixo S.L.; Maia Sen S.L.; Cedonosa S.A.; Marcotex S.L.U., una de las firmas afectadas por la recesión que golpea también al sector textil gallego; Antas Grupo Inmobiliario S.L; Obras y Servicios Santa Marta S.L.; el gimnasio Gestpafit Sport S.L.; Estructuras Beluso S.L.; Atalfrigo S.L.; Aglomerados del Noroeste S.L; y, finalmente, Excavaciones Lalín S.L.

A ellas se suma Géneros de Punto Montoto S.A. que en opinión de los sindicatos constituye la única empresa que continúa produciendo y en la que los sindicatos ven posibilidades de continuidad.

En total, las 18 empresas en fase concursal cuentan entre 600 y 700 trabajadores, la gran mayoría actualmente en paro.

Los juzgados pontevedreses de lo Mercantil tramitan la totalidad de los expedientes apuntados y muy posiblemente recibirá en las próximas semanas otras cinco empresas que, siempre según fuentes sindicales, ultiman el estudio de su situación y las últimas vías antes de optar por el proceso concursal.

Replantear, no liquidar

José Pérez Pousa, vicedecano del Colegio de Abogados de Vigo, criticó ayer precisamente que las empresas agoten todo tipo de vías antes de optar por la Ley Concursal. Recordó que esta normativa nace para garantizar la viabilidad de la empresa “pero muchas veces la solicitan ya muy tarde, pienso que la Ley Concursal tiene una leyenda negra cuando en realidad es un sistema adecuado para replantear el futuro de la empresa”.

Esa leyenda negra, explicó el vicedecano de los abogados, hace que muchos empresarios “tiemblen sólo de pensar en entrar en concurso, creyendo que detrás de ello sólo está el infierno cuando realmente no es así”.

En semejantes términos se pronunció el presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Ricardo Mirón, que incidió en que “a partir del momento en que se plantea el procedimiento concursal los proveedores tienen miedo a no cobrar”.

Los sindicatos critican especialmente que se utilice la Ley Concursal para proceder en realidad a la liquidación de la empresa y, especialmente, denuncian los retrasos en el pago de salarios a los trabajadores cuando una firma se acoge a este procedimiento.

Pérez Pousa reconoció estas situaciones pero defendió que con la Ley Concursal “los trabajadores siguen igual de protegidos, incluso más”.

Incidió en que frecuentemente los trabajadores quieren más garantías y al tiempo más rapidez en el cobro “y eso es difícil”.

Añadió también que “no siempre las demoras son achacables a la administración o a la legislación sino a los titubeos de los trabajadores” sobre si acudir al Fondo de Garantía Salarial para cobrar con más rapidez.

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