Las funcionarias encargadas de la vigilancia en A Lama denuncian los perjuicios que les causa una de las disposiciones adicionales de la Ley de Igualdad promulgada en 2007. Se refieren a la unificación de las escalas masculina y femenina de estos trabajadores, lo que en la práctica deriva en que las mujeres se encarguen de módulos de internos varones y viceversa.

El panorama anterior, que dividía a los empleados públicos en dos escalas pero con mismas condiciones, implicaba que sólo los hombres podían vigilar los módulos de varones, al tiempo que las funcionarias únicamente se harían cargo de las celdas ocupadas por internas. Ahora, tras la entrada en vigor de la nueva normativa, se producen “situaciones rocambolescas”, denuncia Berta Fernández, una de las trabajadoras.

Se refiere, por ejemplo, a que “una trabajadora de 1,57 metros y menos de 60 kilos de peso tenga que intervenir y poner fin a una pelea de dos hombres, porque es su obligación”. Además, apunta que “se han dado casos de agresiones verbales”. Fernández considera que “hay mucho riesgo para una mujer entre presos que son maltratadores o violadores”. La plataforma, en contacto con las demás prisiones del Estado, prepara un programa de protestas para lograr que se repongan las anteriores condiciones en este aspecto.