Pontevedra y Vigo, condenadas a entenderse

El "superdelegado" para Vigo reaviva la polémica entre las urbes

 
La manifestación del 5-J en defensa de la capitalidad plasmó el sentir de los pontevedreses.
La manifestación del 5-J en defensa de la capitalidad plasmó el sentir de los pontevedreses.  R. Vázquez

La idea de Alberto Núñez Feijóo de crear un "superdelegado" en Vigo ha generado polémica en Pontevedra. El presidente quiere modificar el sistema de representación de la Xunta en esta provincia creando esta figura para la urbe olívica. Algo que se rechaza desde la capital al entender que merma su peso y poder administrativo. La propuesta ha generado malestar en políticos y empresarios de la ciudad del Lérez. Pero éste es sólo uno más de los capítulos de desencuentro que durante los últimos tiempos se han dado en la relación entre ambas ciudades.

MARCOS QUINTAS - PONTEVEDRA La propuesta del presidente del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, de modificar el sistema de delegaciones provinciales de la Xunta para nombrar cinco “superdelegados”, cuatro en cada una de las capitales y otro en Vigo, ha sentado muy mal en el gobierno local y los agentes sociales de la ciudad.

La nueva figura reabre por enésima vez la polémica entre Pontevedra y Vigo. La ciudad del Lérez cree que se minusvalora su capitalidad; mientras que los gobernantes vigueses lamentan que un reparto territorial decimonónico pese más que la atención a un área que roza los 600.000 habitantes.

Los siguientes son sólo algunos de los enfrentamientos entre ambas ciudades, más por parte de sus dirigentes que de los ciudadanos.

Audiencia

La gota que colmó el vaso en la etapa reciente se produjo en 1998 cuando se decidió la segregación de la Audiencia y por vez primera una ciudad que no era capital de provincia iba a albergar dos sala. Por aquel entonces la ciudad del Lérez sufría una gran discriminación en cuanto a inversiones tanto por parte del Gobierno central como del autonómico.

Los ciudadanos veían como las inversiones se iban para Vigo, Santiago, A Coruña y Ourense que crecían al ritmo de mejores infraestructuras, mientras Pontevedra, ante la pasividad de sus propios políticos locales, mantenía unas infraestructuras deficientes con un casco urbano que en nada había cambiado desde la mitad de siglo.

Sin conexión directa con la A-52, sin circunvalación, con una infraestructura sanitaria casi tercermundista, sin transporte público, sin suelo industrial, etc., y todavía quitaban delegaciones de la Xunta y dos salas de la Audiencia, el poder administrativo que aliviaba las carencias de la capital. Por todo ello, los ciudadanos se echaron a la calle para reclamar lo que entendían que les pertenecía. Fue un pueblo entero que dijo ¡Basta ya! a tanta injusticia. La manifestación del 5-J congregó a más de 30.000 personas.

Tristemente, casi once años después, la mayoría de las demandas siguen sin cumplirse.

Desde entonces, las “agresiones” denunciadas por los políticos, han continuado. Hace sólo unos meses el Gobierno autorizaba la creación del tercer Juzgado de lo Mercantil en la provincia, con sede en Vigo. Ésta era una vieja demanda del municipio gallego más poblado, pero los procuradores y abogados pontevedreses se mostraron reacios y aseguraron que la carga de trabajo existente no justificaba esta nueva dotación.

Al frente de la Eurorregión

También de manera reciente, en 2008, la corporación municipal de Pontevedra alegó contra una decisión que consideraba injusta, tanto para su ciudad, como para el resto de las localidades gallegas y del norte de Portugal. Y es que la viguesa conselleira de Política Territorial, María José Caride, incluyó en las directrices de la ordenación del territorio que la capital de la Eurorregión sería Vigo. Pontevedra esgrimía que este departamento no era quién de realizar tal elección, mientras que en la otra población defendían ese título al verse como el centro geográfico del Eixo Atlántico, entre Oporto y A Coruña, ciudad esta última que también recurrió.

Asimismo, la decisión tomada por el Ejecutivo de Emilio Pérez Touriño, que significó retirar el peaje del puente de Rande, pero únicamente entre O Morrazo y Vigo también molestó en la capital. Así, Cangas y Moaña tenían que seguir pagando para acceder a Pontevedra por una vía de alta capacidad. En este caso comerciantes y empresarios de la ciudad del Lérez se quejaron al entender que la medida iba en detrimento del sector capitalino. Veían que a la ya difícil competencia comercial con aquella ciudad debido a su mayor oferta, sobre todo en grandes superficies, se le ponía otro obstáculo, el de mantener el pago mientras hacia Vigo se retiraba con un acuerdo sufragado por las arcas autonómicas.

Illas Atlánticas

La ubicación de la sede del Parque de las Illas Atlánticas, que finalmente se acordó para Vigo, también levantó ampollas en la relación de ambas localidades. Una pugna que se centró a mediados de la presente década y para en la que Pontevedra ya se disponía de ubicación en Lourizán. El rechazo a la opción pontevedresa fue considerada como un nuevo gesto de menosprecio por parte de las administraciones. Todo ello son sólo algunos de los episodios que causaron malestar en la capital lerezana en los tiempos recientes. Polémicas, no obstante, que se remontan casi dos siglos atrás, desde que el Gobierno de 1833 designase como capital de la provincia a Pontevedra.

Ahora, mientras Pontevedra y Vigo muestran sus divergentes opiniones sobre la necesidad o no de acercar la Administración a la última en forma del “superdelegado”, ambas al mismo tiempo luchan juntas por conseguir mejoras que les beneficien. El trasiego entre una y otra es constante, tanto en el plano laboral como comercial, algo que demuestra, por ejemplo, el que el tramo de la AP-9 que discurre entre ambas sea uno de los más transitados.

Además las dos reivindican la mejora de las comunicaciones para contar por fin con una autovía libre de peaje o un servicio ferroviario de cercanías que aporte más frecuencias a un trayecto que, de centro a centro de cada ciudad, apenas dura media hora.

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