Los vecinos de los núcleos de Mogor, Aguete, Loira, Teoira y Casás afectados por el recurso anunciado por el Gobierno central contra la legalización de sus viviendas, situadas en la zona de deslinde de 100 metros de la Ley de Costas, barajan la posibilidad de organizar un encierro en el ayuntamiento para exigir una solución al conflicto.

El portavoz de la Plataforma del Litoral de Marín, Enrique Méndez, afirma que la situación ha propiciado un clima “muy tenso” entre los vecinos, que se reunieron ayer para adoptar medidas. Así, acordaron que esta mañana acudirán al ayuntamiento de Marín para solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario urgente y la contratación por parte de la alcaldía de un gabinete jurídico externo que evalúe los pasos a seguir.

En declaraciones a Europa Press, Enrique Méndez explicó que también van a urgir al gobierno local la solicitud de una entrevista con el nuevo conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructura de la Xunta, Agustín Hernández; un encuentro que la portavoz municipal del PP en Marín, María Ramallo, también se ofreció a gestionar. “Echo de menos la llamada del alcalde”, lamentó Méndez, al criticar que ningún representante del PSOE se reunió con los afectados.

Precisamente, el portavoz de la Plataforma valora del próximo titular de Territorio de la Xunta que “peor no lo va a hacer”, en comparación con la conselleira saliente, María José Caride. “Es de Pontevedra, próximo a nosotros y conoce la polémica”, señaló Méndez sobre el perfil de Agustín Hernández, del que espera que “agilice” los trámites necesarios para resolver la situación creada.

Enrique Méndez destacó la “urgencia” con la que la Xunta debería actuar para presentar su defensa en cuanto el Tribunal Constitucional reciba el recurso del Gobierno central contra la Lei de Vivenda de Galicia.

Paralelamente, la Plataforma del Litoral pedirá explicaciones al alcalde, Fran Veiga, a propósito de una reunión “pendiente desde junio de 2008”, según Méndez, fecha en la que el director xeral de Urbanismo, Ramón Lueje, les comunicó que “el Consello Consultivo echaba al traste las normas subsidiarias”. En este sentido, los afectivos demandan “saber cuándo y con quién” contactó el regidor local.

“Si ya sabían de la intención de Costas, nos engañaron, y si no se reunió con Costas, hubo dejación de funciones”, argumenta Enrique Méndez sobre la gestión del gobierno local y el autonómico. Por ello, pide que los representantes políticos presenten “propuestas concretas para no errar” nuevamente “y que la nueva Xunta sepa cómo defender este asunto”.

No obstante, la Plataforma del Litoral baraja “otras alternativas”, explicó su portavoz. Entre ellas, pese a su “alto coste”, aspiran a presentar un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, basándose en la situación urbanística de las viviendas existentes en Cabo Deiro, en A Illa de Arousa. También estudian promover una Iniciativa Legislativa Popular.