La controversia entre Pontevedra y Marín sobre el Puerto, su ámbito territorial y sus usos vuelve a ponerse sobre la mesa, esta vez a causa de la decisión de la Autoridad Portuaria de modificar el Plan de Utilización del recinto con el fin de dar cabida al centro de ocio previsto en sus instalaciones. Si hace unos días, en su informe sobre este Plan, el concello marinense reclamaba la titularidad única del Puerto y la exclusión de cualquier referencia a terrenos pontevedreses en el recinto, la respuesta de la capital no se ha hecho esperar.
Un informe del concello de Pontevedra sobre ese mismo Plan de Usos cuestiona abiertamente la creación de un centro de ocio en Marín, dentro del Puerto, al estimar que resta espacio para utilizaciones estrictamente portuarias. Así, el documento pontevedrés apuesta por destinar los terrenos “a los usos comerciales que exclusivamente estén relacionados con la actividad portuaria” y concentrar en lo posible “los usos complementarios y auxiliares a la construcción y reparación de buques”.
El centro de ocio que promueve desde hace años la Autoridad Portuaria en Marín plantea un aparcamiento subterráneo de 11.300 metros cuadrados y un edificio encima, de 6.300 metros cuadrados, para locales comerciales, restaurantes y otros locales de esparcimiento. Su concesión se otorgó en 2007 a Centro de Ocio Marín-Morrazo S.L. Con respecto a este proyecto, el informe pontevedrés reconoce que afecta al término municipal de Marín, pero aún así, expresa su opinión de que “es inadecuado permitir usos no relacionados con el Puerto”, unos usos “de carácter únicamente socio-cultural, llegando a actividades propiamente lucrativas que no tiene que ver con la finalidad del uso portuario”. Aunque se reconoce que la normativa estatal admite usos como “equipamientos culturales, recreativos” y otros “siempre que no se perjudique el desarrollo de futuro del Puerto”, el concello de Pontevedra estima que en este caso sí resultaría afectada la actividad portuaria, ya que para albergarla serían necesarios nuevos rellenos, también previstos en este Plan de Usos.
Debate plenario, hoy
El centro de ocio previsto en Marín ha contado en numerosas ocasiones con el recelo del BNG marinense (que gobierna en coalición con el PSOE) y ahora se produce una postura parecida desde el concello capitalino. Tanto nacionalistas como socialistas apoyaron ayer de forma expresa este informe que, aunque aparentemente técnico, procede del departamento que dirige el edil nacionalista César Mosquera.
Este asunto, que será debatido por toda la corporación en el pleno municipal de hoy, viene a alimentar una vez más la habitual controversia entre Marín y Pontevedra sobre la titularidad del recinto portuario (que Pontevedra sitúa entre ambos concellos y Marín la defiende como propia), y se produce, además, en pleno proceso de relevo del presidente de la Autoridad Portuaria, a causa de la victoria del PP en la Xunta. Su actual titular, Juan Carlos Surís, acaba de hacer público el balance de sus cuatro años al frente del organismo, con el “apoyo incondicional” de la conselleira en funciones de Política Territorial, María José Caride, y no podía dejar de hacer referencia al eterno conflicto territorial entre ambos municipios.
Intermediación infructuosa
En un capítulo denominado “las cosas que pudieron salir mejor”, Surís dice: “A pesar de la labor de intermediación hecha, lamento no haber podido alcanzar un acuerdo entre los concellos de Marín y Pontevedra para el deslinde municipal dentro de la zona de servicio portuario”, una falta de acuerdo que la propia entidad admitía como “perjudicial” para las empresas implantadas en el Puerto, ante la “inseguridad” sobre sus obligaciones tributarias, por ejemplo. A lo largo de su mandato, Surís intentó un acuerdo en varias ocasiones e incluso a finales de 2007, la Consellería de Presidencia emprendió gestiones al respecto y solicitó a los dos concellos la constitución de sus correspondientes comisiones municipales de deslinde, un intento que venía precedido de algunas victorias judiciales de los vecinos de Placeres sobre la actividad urbanística.
Al margen de este desacuerdo, Surís también lamenta que “a causa de una crisis global que está afectando de manera especial a las finanzas y al comercio marítimo internacional, algunos proyectos sufrieran cierta ralentización (como el del centro de ocio) y el Puerto no fuera capaz de superar la casi psicológica barrera de los dos millones de toneladas de tráfico anual. Tras los esfuerzos hechos -añade- otro aspecto que me deja algo insatisfecho está vinculado a que no logramos alcanzar una mayor implicación de las partes interesadas para culminar en este periodo la transformación de la lonja marinense en un referente de productos frescos de calidad, gestionada por los propios implicados, y que permitiera diferenciar y dar más valor al trabajo de nuestra flota pesquera”.
El escaso uso civil de la dársena de la Escuela Naval es otra de sus frustraciones, pero en el balance de Juan Carlos Surís se desgranan sus aspectos positivos, como el hecho de que “multiplicamos por siete los beneficios de las operaciones, de 0,3 millones en 2004 a los 2,3 millones en 2008”, o las inversiones “para rematar las infraestructuras de la Zona de Expansión del Puerto, que nos permitieron completar y poner en servicio a finales de 2008, con varios años de adelanto sobre lo programado inicialmente, unas modernas instalaciones portuarias”, hasta el punto de que, según Surís, “el Puerto de Marín está sumido en la etapa inversora más importante de su historia”.
El presidente, en su balance de despedida, recuerda sus primeros días en el cargo, en los que contó con “un recibimiento un tanto tibio y con ciertos recelos a este vigués sin carné político”, pero que “pronto encontró el calor y la leal colaboración tanto de las autoridades locales como de los usuarios portuarios”.
Traslado de la sede
Eso sí, admite que hasta esa fecha se había producido “una falta de sintonía y un distanciamiento entre la actividad portuaria y la ciudadanía del entorno”, que califica como la “más llamativa de las debilidades de la política portuaria”. Entre las iniciativas para romper ese distanciamiento, Surís cita precisamente el conflictivo centro de ocio y el aparcamiento subterráneo asociado, así como el proyecto para el soterramiento parcial de la avenida de Ourense, también vinculado el uso comercial del Puerto, o el plan para trasladar a Marín la sede de la Autoridad Portuaria, aún ubicada en los pontevedreses terrenos de As Corbaceiras. Este cambio de emplazamiento fue otro capítulo en las conflictivas relaciones portuarias de Pontevedra y Marín, ya que muchas voces de la capital cuestionaron un traslado que desde la villa marinense se considera “lógico”.
