La concejala de Benestar Social, Margarita Castejón, fue la encargada ayer de realizar una valoración desde el gobierno local a propósito del cierre anunciado por Cáritas Diocesana de la casa de acogida para mujeres víctimas de malos tratos que esta agrupación tenía en Pontevedra.
Castejón explicó que se mantuvieron reuniones en las que estuvieron presentes, además del concello, la Secretaria Xeral de Igualdade y el delegado de Vicepresidencia, además del presidente diocesano de Cáritas, para intentar buscar una solución al problema. Castejón recuerda que la decisión parte de Cáritas Diocesana, no Interparroquial. Este colectivo tenía firmados convenios con la Xunta y con la Diputación para el mantenimiento de la casa pero “en un momento determinado Cáritas Diocesana decidió que quería otra línea de trabajo para Pontevedra y se planteó la cuestión del cierre”. Añade que “fue en el momento en el que estábamos estudiando una posible solución cuando Cáritas toma la decisión unilateral de cerrar”. Aunque recordó que el servicio “no es competencia municipal, eso no significa que el concello se cerrase a colaborar de la manera que fuese posible para que continuase este dispositivo en Pontevedra”. Asegura que el cambio de gobierno y la situación de “impasse” actual contribuyó a que se demorase la toma de una decisión al respecto desde la Xunta sobre este sentido. Desde el gobierno local “creemos que sigue siendo necesario este tipo de servicio de asistencia en Pontevedra” y le piden a Cáritas Diocesana que “no precipitase el despido” del personal” que atiende al centro (seis personas de las que 4 ya se han quedado sin trabajo) “de manera que se pueda estudiar una fórmula” para que la casa de acogida pudiera seguir funcionando una vez que los nuevos responsables de la Xunta tomen posesión. Castellón recordó que el pasado año pasaron por la casa un total de 21 mujeres y 20 menores, aunque ahora solo permanecen dos al irse reduciendo los ingresos de víctimas ante la intención de cerrar.
