Dos mujeres víctimas de malos tratos, una de ellas acompañada de sus dos hijos, son las últimas usuarias del piso de acogida que Cáritas tiene en Pontevedra destinado a aquellas personas que han padecido en sus carnes la lacra de la violencia de género. Así lo confirmó ayer Severino José Montes, responsable de Cáritas Diocesana, quien explicó que se ha tomado la decisión de cerrar el piso de acogida ante la falta de la financiación necesaria por parte de las administraciones. Se trataba del único centro de la ciudad en el que se prestaba este tipo de servicio a víctimas de malos tratos.
Montes señaló que la decisión de cerrar el centro se tomó ya hace 4 años en el seno del Consello Interparroquial de Cáritas de Pontevedra. El servicio se había incrementado de tal forma que en lugar de los dos trabajadores que inicialmente eran necesarios se pasó a seis personas, que prestaban atención a las víctimas las 24 horas, tal y como le reclamaban los servicios sociales de la Xunta. A Cáritas esto le parecía razonable, “pero siempre a cambio de que nos trasladasen los recursos necesarios”. Esto no sucedió.
Convenios con la Xunta
A pesar de que la decisión estaba tomada, el compromiso de Cáritas con las mujeres que acogían en el piso les hizo “tirar para delante” como pudieron a lo largo de estos años. Se fueron firmando convenios con la Vicepresidencia de Igualdade que les permitía tener operativo el servicio a pesar de que seguía devorando una gran cantidad de recursos que Cáritas no podía destinar a “otras cuestiones prioritarias para nuestra organización”.
“Entre la espada y la pared”
Así hasta este año. Según Montes, a finales de 2008 desde la propia Xunta les pidieron que “aguantaran un poco más”, que no había dinero pero que en enero se podría firmar un nuevo convenio para 2009. Tres meses después siguen esperando. En Cáritas aseguran que “nos han puesto entre la espada y la pared”. Montes afirma que no tienen “ni ánimo, ni fuerza, ni ganas de dejar de prestar este servicio”, sobre todo por lo necesario que es para sus usuarias, pero asegura que “no podemos seguir”.
También se alargó en el tiempo la decisión por las seis trabajadores que prestaban este servicio. Al conflicto social ahora también se le sumará uno laboral, ya que cuatro de las empleadas han sido cesadas el 4 de este mes, algunas después de décadas al servicio de Cáritas. Desde esta institución dan un nuevo ultimátum a las administraciones y avisan que a 30 de junio quedará extinguido el servicio si no se pone una solución encima de la mesa. No obstante garantizan la casa no se cerrará del todo hasta que no se encuentre solución a sus dos usuarias actuales.
En Cáritas aseguran que llevan buscando una salida al problema desde hace meses con reuniones con la propia Vicepresidencia y el Concello, algunas a tres bandas. El objetivo era que no sólo subrogaran el servicio, sino también a las trabajadoras que formaban parte del mismo. Al parecer, según Montes, la administración local “entendía que no era cosa de ellos sino de la Xunta”.
Piso en propiedad
En Cáritas dicen estar dispuestos a hacer lo posible para mantener en funcionamiento la casa de acogida si alguna administración pone sobre la mesa los fondos necesarios para soportar el servicio y los puestos de trabajo que son necesarios. Incluso cederían el piso, que es de su propiedad, durante un plazo razonable para poder reducir costes.
El cierre de la casa de acogida también ha supuesto que dejase de funcionar el piso tutelado -una etapa de transición para estas mujeres- que funcionaba con financiación de la Diputación en piso de alquiler en Pontevedra. Este centro ya puso fin a su actividad el pasado diciembre, explicó Severino Montes.
Lo que ya dan por perdido es la cantidad que les corresponde por mantener el servicio durante estos tres últimos meses, en los que la casa de acogida funcionó sin que recibiese un duro de subvención por parte de la Xunta.
El responsable de Cáritas Diocesana explicó que esta institución intentará ahora destinar los recursos hacia otros problemas sociales prioritarios para este colectivo pero no abandonará la lucha contra la violencia de género. Montes explica que abordarán este problema desde el ámbito de la prevención y señala que, aunque la casa de acogida es un servicio necesario, la solución de “enclaustrar a las víctimas” o a sus hijos para protegerlas o esconderlas de su agresión no es la solución óptima para este problema.
