Visto para sentencia. Después de cuatro días de sesiones finalizó el juicio por los 500 kilos de cocaína incautados a bordo de un tráiler en abril de 2002 y que llevó al banquillo a cinco acusados: el conductor del camión en el que se halló la droga, Agapito Juez Porras; su acompañante, Julián Guerrero Iglesias; el propietario de la empresa de transportes a la que pertenecía el vehículo, Antonio García; así como el supuesto organizador del transporte, Óscar Torres Torres. Por último también se sentó en el banquillo, Ignacio González Lombardía, quien presuntamente se puso colaboró en la organización del traslado de la droga desde O Salnés hacia el interior de la península.

Pero el fallo del tribunal no sólo deberá dilucidar si los procesados son culpables del delito contra la salud pública que les imputa el fiscal y por el que reclama 13 años y medio de prisión para cada uno de ellos. En la sentencia también deberá decidir si declara nulas las escuchas telefónicas, tal y como demandaron ayer las defensas. Consideran que las intervenciones telefónicas no están suficientemente justificadas ya que, según ellos, no están incorporados al proceso los autos judiciales que autorizaban los “pinchazos” telefónicos.

El fiscal antidroga de Pontevedra, Marcelo Azcárraga, reconoce que buena parte de la acusación del caso se sostiene en las escuchas, pero añade que éstas no sólo son legales, sino que sí consta en el proceso la documentación que les dan validez. Además recordó que las defensas, salvo una, no impugnaron hasta ayer las escuchas y que, de hecho, el proceso se dilató en el tiempo precisamente para aportar la documentación solicitada por los abogados de los acusados. Además de reiterar la “legalidad de todas las pruebas”, el fiscal recordó que las primeras escuchas sobre Agapito Juez se producen dentro de una investigación que desembocó en la incautación de 2.000 kilos de cocaína en el pesquero “Rapanui”. Unas escuchas que también fueron impugnadas cuando se juzgó este caso y que fueron validadas por el Supremo.

El propio magistrado presidente del Tribunal reconoció que les espera una “difícil papeleta”, ya que todo el juicio transcurrió “muy ligado a las escuchas” y que su responsabilidad “es aplicar el derecho, aunque a veces el público no lo entienda”.