La Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) acaba de presentar un recurso en el Tribunal Supremo contra la aprobación del plan de supramunicipalidad para el proyecto del Grupo Ence para instalar una fábrica de papel tisú. La tramitación la otorgó la Xunta que presidía Manuel Fraga. Esta apelación se produce después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimase con anterioridad un procedimiento similar.

El colectivo ecologista entiende que el visto bueno a la aprobación supramunicipal es fraudulenta. Y es que sus responsables explican que Ence incluyó una planta depuradora dentro del proyecto para tratar de salvar el incumplimiento de uno de los requisitos para optar a un tramitación de esa índole, la de que la actuación se asentase en varios concellos. El proyecto sólo afectaba al término de Pontevedra, si bien al introducir esa planta depuradora que la empresa calificaba como beneficiosa para toda la ría, la instalación sería de ámbito supramunicipal.

En base a esto, la Xunta anterior a la que aún está ahora en funciones, valoró como supramunicipal el proyecto, algo que exime de la espera de una licencia por parte del Ayuntamiento. La APDR asegura que ese visto bueno es ilegal, ya que la Constitución Española sólo reconoce la posibilidad de emprender proyectos de incidencia supramunicipal a aquellos promovidos por administraciones, no por entes privados, como sería el caso.

No obstante, ésta no sería la única infracción de leyes. Por eso desde la agrupación acuden al Supremo basándose en otros fallos interpretativos de más normativas. Uno de ellos, la vulneración de la Lei de Augas y otro, referido nuevamente a la Constitución, que recoge la potestad de la administración local para efectuar un control preventivo a los proyectos de una empresa, incluidos los que no estén sujetos a licencia municipal.

Por estos y otros motivos que APDR relata, la dirección del colectivo solicita al Tribunal Supremo que se revocación de la sentencia del TSXG. También que se declare nulo el acuerdo del Concello de la Xunta de Galicia que permitía la instalación de la nueva factoría.

La propia empresa la descartó

La idea del Grupo Ence de instalar una fábrica de papel tisú para así poder completar su ciclo productivo parte de principios de esta década. Durante el último mandato de Manuel Fraga se sucedieron los contactos para llevar a cabo este proyecto, sin embargo fue la propia empresa la que finalmente lo acabó descartando hace ahora poco más de cuatro años.

La razón que esgrimió la papelera fue que debido a la tardanza para concretar ciertas condiciones con la administración el acuerdo que mantenía con un socio quedó sin efecto. El proyecto causó gran rechazó en buena parte de la sociedad pontevedresa al considerarse como la consolidación del complejo en una localización tan contestada.