Apenas pudo arrancar el juicio contra cinco personas acusados de un delito contra la salud pública por su presunta relación con 500 kilos de cocaína encontrados en el interior de un camión interceptado por agentes de Aduanas en abril de 2002 en la A-52. Según el Ministerio Público, los procesados pretendían transportar el cargamento de estupefaciente desde O Salnés hasta Cataluña y solicita una pena de 13 años y medio de prisión para cada uno y multas millonarias.

El motivo de que la vista no pudiera celebrarse fue que no estaban listas las cintas con las grabaciones telefónicas realizadas a los imputados, ya que el fiscal solicitó que las mismas pudieran ser escuchadas al tiempo que eran interrogados. Los cinco procesados llegaron a sentarse en el banquillo de los acusados y dos de ellos anunciaron que no van a responder a las preguntas del Tribunal. Se trata de Julián Guerrero Iglesias y de Ignacio González Lombardía. Por su parte, Antonio García aseguró que el responderá sólo a su abogado mientras que Agapito Juez Porras y Óscar Torres Torres sí accedieron a declarar.

Hoy, ya con las cintas de las escuchas en poder de la Sala, se iniciará el interrogatorio de los cinco acusados. El fiscal considera que el transporte de cocaína fue organizado por Óscar Torres Torres y que encargó la ejecución del mismo a Ignacio González Lombardía a cambio cierta cantidad de dinero. Según el escrito de acusación, éste último contactó con Antonio García Pérez, propietario de una empresa de transportes. Añade que su empleado, Agapito Juez Porras, sería el encargado de conducir el camión con la droga entre O Salnés y Cataluña, un alijo valorado en 19,7 millones de euros. Junto a Agapito Juez viajaría el quinto acusado, Julián Guerrero Iglesias, persona de confianza de González Lombardía, según el fiscal. Ambos fueron interceptados a bordo del camión cuando se desencadenó el operativo dirigido por el juzgado Número 1 de Vilagarcía, del que entonces era titular José Antonio Vázquez Taín.

Viejo conocido

Agapito Juez, de 57 años y vecino de Vilagarcía, ya había sido detenido en 1996 como tripulante del buque “Anita”, un barco intervenido en la “Operación Santo” diriga por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.