Colectivos de afectados inician una cooperación para oponerse a las antenas de telefonía móvil

REDACCIÓN - PONTEVEDRA Colectivos de afectados por la instalación de antenas de telefonía móvil han constituido una coordinadora, con la colaboración de agrupaciones como la Federación de Asociaciones de Vecinos “Castelao” de Pontevedra, o la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR). Se integran en esta plataforma, que pretende aglutinar a todos los colectivos de afectados de la provincia, los vecinos de Salcedo y Vilaboa que vienen trabajando desde hace meses para tratar de erradicar las antenas de telefonía móvil de los núcleos rurales.

La nueva coordinadora organizará unas jornadas sobre este problema, que se celebrarán el próximo mes de abril en la capital, con la asistencia de portavoces sociales y especialistas en la cuestión.

Los vecinos atribuyen a estas estructuras efectos nocivos sobre la salud, además de problemas medioambientales derivados de su instalación en núcleos rurales y zonas forestales.

En Pontevedra, los afectados de Salcedo y de Vilaboa, con el respaldo de la APDR, demandan el cierre cautelar de estas estructuras, a la espera de una “notificación de ilegalidad” de dichas torretas.

Están afectados por estas estructuras unos 250 vecinos de los lugares de Saxosa (en Bértola, Vilaboa), Esculca y A Carballa (en Salcedo, Pontevedra). El colectivo que les representa solicitó el pasado mes de diciembre al Concello de Pontevedra el cierre cautelar de estas antenas. Basaban su petición en la “ilegalidad” de las mismas, que consideran demostrado por la falta de licencia municipal. Reclaman también una regulación del “caos radioeléctrico” de Pontevedra, dentro de las competencias municipales, fruto del debate y la participación social, para “afastar as antenas de zonas residenciais e sensibles”. Han solicitado además una entrevista con los responsables de las concejalías implicadas en esta cuestión.

Basan esta petición en la resolución del Parlamento Europeo de 4 de septiembre de 2008, que reconoce la necesidad de cambiar los límites de protección actuales porque “no son seguros para garantizar la salud”, según diversos estudios sanitarios y medioambientales.

Los vecinos han presentado 250 alegaciones contra las antenas de telefonía móvil instaladas entre estos núcleos. Denuncian que tres torretas de repetidores de telefonía y una línea de alta tensión atraviesan estas zonas de forma “ilegal” y responsabilizan a estas instalaciones de la “proliferación de casos de cáncer” en las poblaciones de la zona, concretamente ocho incidencias en un entorno de 300 metros al rededor de las antenas.