El fiscal pide una multa de un millón de euros para De Picaza por eludir impuestos

El ministerio acusa a la empresaria de delitos contra Hacienda y falsedad documental

19.12.2008 | 00:00

La empresaria Thais de Picaza se enfrenta a una petición de pena de dos años de cárcel y una multa de un millón de euros por parte del fiscal debido a supuestas irregularidades en la venta de José Malvar Construcciones a OHL en la década de los 90. El ministerio acusa a la viuda de José Malvar, que heredó la compañía, de delitos contra la Hacienda Pública y de falsedad documental en esa operación.
Estas consideraciones se han enviado al Juzgado de Instrucción número 2 de Marín, que inició la investigación. En la acusación se recoge dentro de la parte introductoria que "el Grupo Malvar sufrió varios problemas económicos a raíz del fallecimiento de su fundador, quedando desde 1992 bajo el control de la acusada".
Además, se agrega: "Ante esas dificultades se pone en contacto con Obrascon Huarte Lain (OHL) para que adquiera las empresas del Grupo Malvar. Tras diversas negociaciones OHL exigió a Doña Thais, al menos, parcial capitalización de José Malvar Construcciones S. A., empresa a la que se le debían vender determinados inmuebles por importe de 230 millones de pesetas". Al parecer y para cubrir esta cantidad económica Thais de Picaza, que se enfrentaba a la suspensión de pagos de la matriz del grupo constructor, realizó una transmisión patrimonial desde una tercera sociedad, la firma San Cucufato, a Malvar.
Según sospechas de la propia Fiscalía pontevedresa, no se habría declarado tal transmisión a Hacienda. Así, San Cucufato S.L., perteneciente a Picaza, se constituye "mediante la aportación de varios terrenos y casa en Algeciras, Lalín y Madrid". Se explica en el documento del representante ministerial que "con la finalidad de no tributar por las transmisiones y correspondientes beneficios que San Cucufato S.L. realizó en 2001, la acusada, con la cooperación de José María Criada, ordenó confeccionar la contabilidad de San Cucufato", un procedimiento del que se extraerían esas presuntas ilegalidades.
Fiscalía puso sus sospechas en conocimiento del ministerio público. Este organismo, tras estudiar la correspondiente documentación aportada, decidió actuar de oficio e interponer una denuncia en uno de los juzgados de Marín.
Las penas que pide el fiscal en concreto son, contra Picaza, de dos años de prisión, otros dos de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo y una multa de un millón de euros, con 200 días de privación de libertad en caso de impago, entre otras. Para su supuesto colaborador, que se libra de la acusación por falsedad de documento mercantil, se solicitan 500.000 euros de multa y 8 meses de cárcel. Además, ambos tendrían que indemnizar al Estado con 706.023,81 euros por la cuota defraudada.

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