El concello gastó de forma irregular 8 millones de euros con contratos verbales y sin fiscalizar

Los informes alertan de las posibles "responsabilidades" que suponen estas "prácticas perversas"

19.12.2008 | 00:00
La comisión de Facenda aprobó ayer estos pagos, con el voto en contra del PP.
La comisión de Facenda aprobó ayer estos pagos, con el voto en contra del PP.

Contratos verbales, expresamente prohibidos en la administración local salvo casos de emergencia, órdenes de gasto sin respaldo financiero, compras y adquisiciones sin cumplir los requisitos legales y sin fiscalización previa. En resumen, un numeroso cúmulo de "irregularidades" y "prácticas perversas" que podrían suponer la existencia de "responsabilidades patrimoniales". De este modo el concello gastó durante varios años algo más de ocho millones de euros en obras y suministros, que acumularon una gran deuda que ahora quiere liquidar de forma urgente. La existencia de esas numerosas irregularidades es desvelada por todos los informes técnicos vinculados al expediente de reconocimiento de esas deudas, y han sido aprovechadas por el PP para exigir al gobierno local, de entrada, que "cambie su forma de gestión", pero no se descarta abrir alguna investigación o auditoría más a fondo ya que, a juicio de la oposición, la deuda podría llegar a los 15 millones de euros. Aunque este asunto se debatirá en pleno el próximo lunes, ayer ya fue objeto de discusión en la comisión de Facenda, donde el PP votó en contra.
Cientos de facturas
Estos ocho millones que ahora se pretenden abonar corresponden a cientos de facturas acumuladas durante años por obras de reforma urbana, suministros y otros gastos. El concejal de Cuentas, Raimundo González Carballo explicó que un millón corresponde a "gasto corriente" y los siete restantes a "inversión". No quiso comentar las irregularidades que denuncian los propios informes técnicos, pero sí aclaró que "en mayo pasado detectamos la existencia de esas facturas y se puso en marcha un procedo de urgencia para pagar esas deudas a las empresas, y a día de hoy, está al día casi todo ese papel". Añadió que en la mayor parte de los casos se trata de proyectos que fue necesario modificar o reformar sobre la marcha y que, según los técnicos, se adjudicaron de forma verbal y sin cumplir las exigencias legales. El edil señala que la mayor parte de las deudas corresponden a una veintena de empresas, aunque son seis las mayores acreedoras: Sercoysa (1.691.000 euros), Casas (1.117.000), Indeza (1.129.000), Setga (1.084.000), Cobra (822.000) y Varela Villamor (285.000).
Al margen de que se acordó el pago para no perjudicar a estas empresas, las conclusiones de los técnicos son demoledoras y concluyentes. Así, se indica que actuaciones de este tipo, de asumir gastos sin disponer de fondos para ello puede suponer la anulación de los acuerdos, "sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar". En varios puntos de los informes se insiste y se remarca que "la contratación verbal no está permitida", pero esta modalidad se convirtió en una práctica muy habitual para gastar buena parte de esos ocho millones de euros. Se advierte también de que "no constan expedientes de contratación" en diversos casos y se alerta de la "práctica habitual de elaborar vales de pedido" para efectuar compras, en un número que los técnicos consideran "exagerado" y que aconsejan erradicar. De hecho, se dice textualmente que "es un sistema de gestión claramente ineficaz, que da lugar a prácticas perversas". Otro de los informes, elaborado por el servicio de Intervención, además de insistir en la prohibición de la contratación verbal, alerta de la "responsabilidad personal de los ordenadores de gastos y pagos" y denuncia "el incumplimiento de la normativa legal y reglamentaria en lo que se refiere al procedimiento de gestión y ejecución del gasto público municipal".

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