La provincia de Pontevedra es la que acumula más órdenes de alejamiento en vigor de toda Galicia. La Justicia mantiene en la actualidad 835 medidas de este tipo con el objetivo de preservar la integridad de otras tantas víctimas de violencia doméstica, la gran mayoría correspondientes al maltrato de género. La Policía Nacional se ocupa, con tan sólo 15 funcionarios destinados a tal fin, de la vigilancia y cumplimiento de 509. Esto supone una proporción de un agente por cada 34 víctimas. En la capital el Ministerio de Interior asigna a un grupo de 4 trabajadores para 68 de los 137 ciudadanos que atraviesan por una situación de este tipo.
Todos estos datos fueron facilitados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Pontevedra al hilo del crimen sucedido el pasado fin de semana en Ponte Caldelas. Entonces el sexagenario Maximino Couto quitó la vida a su compañera sentimental, María del Rosario Peso, e hirió a dos vecinos de su ex mujer y a un agente de Policía. Ayer los secretarios autonómico y comarcal de este colectivo sindical, José Freire y Marcos Castro, defendieron la actuación policial durante este suceso y responsabilizan "por omisión" a la Dirección General de la Policía, Interior y Gobierno por la falta de medios que dicen padecer.
Ambos criticaron la política del Gobierno en esta materia. Le acusan de poner en marcha una ley "muy ambiciosa sin personal detrás del escenario" y que depende de las UPAP (Unidades de Prevención, Asistencia y Protección). Así, exigen: "Este asunto tiene que ser replanteado totalmente. Estas unidades deben ser urgentemente dotadas de todo lo necesario para que, aunque no se pueda evitar el 100% de los casos, sí al menos podamos ofrecer una ratio más razonable. Poner más funcionarios al servicio de estos casos y mejorar la colaboración entre las instituciones. Si no, francamente, no vamos a conseguir que se produzcan los avances en una cifra dramática".
Tanto Castro como Freire señalan que es esta falta de recursos humanos y materiales, así como "una ralentizadora burocracia" los motivos que derivan en que se produzcan más ineficacias de las deseadas en la lucha contra la violencia de género. Pero además claman por lo que consideran como despropósitos, haciendo mención al reciente caso, el priorizar la relevancia de las pulsera electrónicas para los maltratadores y el hecho de que estos disfruten de permisos carcelarios, puesto que el crimen de Tourón se produjo cuando el agresor acaba de obtener una salida de cuatro días.
"Con un perímetro de 500 metros, aunque la víctima nunca salga de su casa porque considera que es un sitio seguro, la alarma sólo va a indicar que en ese momento se está matando a alguien. Si se quiere avanzar algo en ese sentido las órdenes de alejamiento tendrían que atender al municipio y, si es necesario, incluso a la comunidad entera. Si no esto no vale absolutamente para nada", apuntó Castro en contestación a las explicaciones aportadas desde el Ejecutivo, que "canta las bonanzas" de estos sistemas que se localizan mediante GPS. Por su parte, Freire se mostró más duro en sus reproches: "Muy alegremente dijo el delegado del Gobierno que la alarma no falló con la muerta, sino con la ex mujer, a la que no mató. ¡Vaya argumento! ¡Vaya dos tontolabas tenemos de delegado y subdelegado del Gobierno!".
En lo que respecta a los permisos carcelarios, argumentaron: "Poner por delante la reinserción de estos psicópatas, dándoles permisos penitenciarios por encima de las víctimas, nos parece un experimento inmoral". Achacan al Gobierno "una falsa progresía" al preocuparse por la integración de los maltratadores en libertad. Al parecer, según apuntaron ambos representantes sindicales, en la Policía tendrían constancia de la existencia de denuncias contra Maximino Couto por amenazas proferidas desde el interior de la cárcel, pese a lo que el Centro Penitenciario de A Lama aprobó el permiso carcelario.
Diferencias entre las UPAP
Las UPAP se ocupan de velar por la seguridad de las víctimas de maltratos desde 2004, cuando entro en vigor la Ley Integral contra la Violencia de Género. Una normativa que en Galicia, además de a la Policía Nacional, le corresponde seguir a los cuerpos de seguridad locales y autonómicos. Así, de las 1825 órdenes de alejamiento dictadas en la comunidad, a la institución de rango estatal le corresponden 1.500, cantidad para la que desde Madrid destinan a 34 funcionarios.
Las estadísticas con las que el SUP quiere "dar a conocer fríos datos contra los que no cabe demagogía" también recogen diferencias de relación entre las ciudades gallegas. Incluso dentro de la misma provincia. Así en Pontevedra, dentro del municipio capitalino cada policía se encargaría de 17 situaciones. Mientras en Vilagarcía son dos los trabajadores que se ocupan del cumplimiento de 52 de las 81 órdenes en vigor y en Marín, con los mismos efectivos, de 29. Por su parte la comisaría de Vigo, área en la que existen 584 dictámenes, vela por 364 víctimas, incluidas las de Redondela, con únicamente 7 agentes.
Asimismo, la Policía Nacional atiende con 12 empleados a 702 víctimas en la provincia de A Coruña; con 5 a 218 en la de Lugo y con 2 a 70 en la de Ourense. En el conjunto del Estado la Justicia concedió 36.000 órdenes de protección que siguen 600 agentes. Lo que es lo mismo, cada uno de ellos tendría que atender a 60 víctimas para las que se haya dictado una resolución judicial de esta índole.
