S. Regueira Pontevedra
Más de un centenar de vecinos de Vilaboa acordaron ayer interponer un recurso contencioso contra el Ministerio de Defensa por el perímetro de seguridad establecido para la Brilat. Se trata de la segunda acción legal que emprenden los afectados desde que el pasado mes se dio a conocer la orden que fija este área de protección de las instalaciones militares, después de que los residentes en Salcedo acordasen recurrir a la Audiencia Nacional para intentar revocar esa disposición.
Los afectados en el municipio de Vilaboa se reunieron en el colegio de Toural para determinar qué acciones legales se seguirán. El presidente de la Comunidad de Montes, Xabier Míguez, explicó tras la reunión que "o noso abogado dinos que eles están facendo un acto de posesión e que pode ser recurrido por nós, que nos consideramos os lexítimos propietarios".
Esta misma semana los comuneros delimitaron (a partir de mediciones con GPS y de planos actualizados de la parroquia) qué propiedades están afectadas por el perímetro de seguridad, una franja que se extiende 300 metros alrededor de las instalaciones militares y dentro de la que figuran alrededor de veinte casas de Postemirón y más de un centenar de fincas.
Sus propietarios critican que la zona de afección sea superior, por ejemplo, a la establecida por Costas para la protección del litoral y temen que no sólo condicionará cualquier actividad en las fincas sino que reduce sensiblemente las opciones de venta y/o alquiler de las viviendas y parcelas.
Y si en Vilaboa los comuneros dieron el visto bueno a la vía judicial, en la parroquia pontevedresa de Salcedo los residentes cercaron ayer la base militar con carteles en los que puede leerse "Propiedad privada".
Repartieron decenas de carteles en parcelas del monte comunal y las localidades de Casal, Muimenta, Navalexos, Armada y Birrete. "O que queremos", explicaron los participantes en la protesta, "é que se vexa que estas parcelas teñen donos, e a maiores que todo o mundo poda percibir a longa distancia que hai entre o cuartel e estas fincas que tamén se inclúen no perímetro".
A mayores, señalizaron las traídas de aguas, ya que todas las viviendas de la zona cuentan con captaciones en el monte comunal. Una de las primeras en las que se colgó el cartel de "Propiedad privada" es un pozo que abastece a más de cien usuarios.
En general, los vecinos de uno y otro municipio critican que se considere zona militar espacios de monte comunal que fueron cedidos en el tardofranquismo para el antiguo campo de tiro de Figueirido.
Es el caso de los comuneros de Vilaboa -que reclaman explícitamente más de 15 hectáreas de superficie arbolada- pero también de decenas de vecinos de Salcedo que aseguran que "na nosa nenez acudiamos coas vacas ao monte, recolliamos alí toxos e os animais estaban nesa zona libres, sempre foi o monte dos veciños".
La Comunidad de Montes de Vilaboa ya ha planteado una reclamación a Defensa por el dominio de esta parcela que en su día formó parte del monte Castiñeiras. El proceso arrancó con la medición completa de la parcela y posteriormente los afectados remitieron al Ministerio de Defensa y al Concello de Vilaboa reclamaciones para que se corrija el acuerdo del año 1968 por el que se cedieron gratuitamente esas 15,4 hectáreas.
Los vecinos confían en que se atienda esta reclamación o también acudirán a los tribunales para intentar demostrar el carácter comunal de la parcela del monte Castiñeiras y sea desocupada por Defensa.
En el caso de la parroquia pontevedresa de Salcedo, se estima que hay alrededor de un millar de afectados. Cientos de vecinos salieron ayer al monte para clavar los carteles en árboles, postes de la luz y pozos.
Se repartieron en dos grupos que cercaron de carteles el perímetro del cuartel.
De camino a los distintos emplazamientos que señalizaron (recorrieron varios kilómetros), los vecinos detallaron numerosos casos "en los que hemos oído tiros a altas horas o vimos maniobras nocturnas".
Aseguran que también soportan "patrullas por las carreteras todas las semanas, pero que además se intente que ni podamos hacer obras en nuestras casas es un abuso". Los afectados celebrarán una manifestación conjunta el próximo día 8 ante la base militar, en Figueirido.
