La Comunidad de Montes de Vilaboa celebra mañana una asamblea para aprobar, entre otras cosas, la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra el perímetro de afección del cuartel de la Brilat. Los comuneros se suman así a la iniciativa ya aprobada anteriormente en las comunidades de montes de Salcedo y Postemirón, así como en las corporaciones municipales de Pontevedra y Vilaboa.
La reunión de los vecinos de Vilaboa se celebrará a las once de la mañana, en el colegio público de O_Toural. En el encuentro se expondrá, además de la situación provocada por esta orden del Ministerio de Defensa, la reclamación judicial que esta agrupación está realizando sobre los terrenos de monte comunal que consideran usurpados por el cuartel. Se trata de 15,4 hectáreas del lugar de Castiñeiras, que los comuneros reclaman como propios y que en la actualidad están siendo utilizado por los militares de la base General Morillo de Figueirido.
Este terreno fue cedido por el Concello al Ejército durante la dictadura franquista y la Comunidad de Montes quiere que la actual administración se lo devuelva. "A xunta rectora realizou a medición completa da parcela, como inicio de todo o proceso, e enviou ao ministerio e ao Concello de Vilaboa unha reclamación previa para que corrixan o acordo de 1968 polo que o segundo cedeu ao Estado esta parcela a título gratuito", adelantó el presidente de la comunidad, Xabier Míguez.
De no ser atendida esta reclamación, los comuneros iniciarán un pleito civil para demostrar en los tribunales el carácter comunal de los terrenos "a fin de que se lle outorgue o pleno dominio e a desocupación por parte do Ministerio de Defensa", explica Míguez.
En cuanto a la presentación de un contencioso por la franja de afección de 300 metros en torno al cuartel, el presidente de la comunidad de Vilaboa explica que se trata de una medida que "quiere apoiar as reivindicacións dos veciños de Postemirón", que verán afectadas sus propiedades por la orden de Defensa.
Los asesores legales de la Comunidad de Montes de Vilaboa sostienen que la delimitación del perímetro de seguridad es un acto de "dominio" que los afectados deben recurrir dado que la comunidad niega la propiedad del Ministerio de Defensa sobre los terrenos que actualmente ocupan en esta parroquia.
